Pocos informes tan minuciosos y acaso tan mordaces ha publicado la Auditoría General de la Provincia, como el que divulgó esta semana sobre el municipio de Tartagal, durante 2014, último año de gestión de Sergio Leavy en la intendencia.

Si en marzo la Auditoría ya había difundido un informe sobre la gestión Leavy en 2015, en el que evidenciaba serias irregularidades, el nuevo estudio deja en evidencia la sistematicidad de esas anomalías, una sistematicidad que puede tener sólo dos orígenes: el fraude o la negligencia con fondos públicos. En cualquiera de los dos casos, hace evidente los problemas para gestionar de quien este año quiere presentarse como candidato a gobernador, por el Frente para la Victoria.

Además de la falta de documentación para analizar, el principal problema –la raíz, en realidad- es  la falta de control interno, pensado para evitar pérdidas por fraude o negligencia.

El segundo problema: el municipio tenía dos sistemas contables paralelos en 2014. “El Municipio, al utilizar dos sistemas contables en forma paralela durante el ejercicio 2014, no produce información presupuestaria ni contable en forma confiable de manera que le permita llevar la contabilidad en forma legal y producir los informes financieros y de gestión pertinentes, relacionados al cumplimiento de la normativa vigente para la rendición de cuentas y la toma de decisiones”, dice el informe.

Las diferencias de montos, en algunos casos, ronda los $14 millones. De ese año se tenía un presupuesto modificado de $ 174.550.923 pero hubo una Ejecución presupuestaria : $159.972.259. La diferencia es de $14.578.664

 Por los problemas de los sistemas de control, justamente no se puede tener una certeza sobre qué pasó con esa plata.

 “La situación descripta evidencia fallas en los sistemas de Control Interno, que es un proceso de control integrado a las actividades operativas, diseñado para asegurar la salvaguarda de los activos evitando pérdidas por fraude o negligencia; asimismo manifiesta inconsistencia en la información presupuestaria suministrada por el ente auditado”, dice el informe. Y añade:  “las situaciones descriptas precedentemente manifiestan inconsistencia, es decir falta de valor lógico en la información contable y presupuestaria suministrada por el ente auditado”.

Esos 14 millones se van conformando en base a “diferencias” en distintos ítems. En el fondo federal solidario nacional, por ejemplo, hay una diferencia de $ 1.451.986,26 entre lo girado por la provincia y lo ejecutado por el municipio.

Los auditores tampoco encontraron registros de las partidas para estas obras: 'Construcción Cementerio Parque' y 'Refacción y Ampliación Dársenas Terminal'. El primero tenía un presupuesto de $354.193, el segundo de $417.805.

Hay una subpartida  bajo la carátula de “Ministerio de Desarrollo Humano-programas Varios”, que recibió ese año casi ocho millones. Pero no se identifican los programas que conforman la partida, “contrariando los principios de especificidad, exactitud y claridad presupuestaria, haciendo imposible la comparación entre lo ejecutado y los recursos transferidos, según la Tesorería General de  la provincia”.

Llamativamente, la Auditoría menciona, casi como al pasar, que de los $9.674.871 destinados al concepto de bienes y servicios, $6.188.706 se gastaron en combustible y lubricantes.

El informe enviado al actual intendente de Tartagal –hermano del exjefe comunal y actual diputado nacional- es más extenso y minucioso.