Después de ocho años el juez Marcelo Martinez de Giorgi firmó la elevación a juicio de la causa "Sueños Compartidos". Allí se investiga el desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.

Entre los más de 20 imputados se destacan los hermanos Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala.

El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).

Las maniobras involucraron hasta cadetes y motoqueros de la Fundación, que eran obligados a retirar dinero de los bancos con cheques al portador de baja denominación. Todos declararon que cumplían órdenes del área de Finanzas, controlada por allegados a los Schoklender.

 Durante la investigación, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. "En todos los casos en los que la Fundación resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizo su selección fue irregular, pues se le adjudico la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal", dice la resolución del magistrado.