Ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, tildó de “cuestión política” el reclamo del Gobierno provincial por fondos para afrontar la lucha contra el microtrafico de drogas y mantenimiento de los detenidos por este delito.

Garavano dijo que la deuda no existía y en Aries Fm enfatizó que las Provincias han recibido fondos de coparticipación que el Gobierno nacional les ha reconocido de un modo increíblemente alto.

“A partir de este incremento es que las propias provincias deben diseñar sus propias políticas en materia de drogas”, dijo, desconociendo la deuda, de la misma manera en que el gobierno nacional terminó desconociendo el “Fondo Compensador”, ítem del sueldo docente que originó el conflicto en Salta.

Horas después del paso de Garavano por Salta, Marcelo López Arias, Ministro de gobierno de la provincia, salió a responder. Rechazó que el reclamo provincial esté vinculado a una cuestión política. “Es lo que establece la ley”, dijo el funcionario urtubeycista.

Arias enfatizó que el Ejecutivo adhirió en 2014 a la ley de desfederalización y desde entonces se acumula una deuda que hoy supera los $ 550 millones.

En el marco de la ley en vigencia, el anterior procurador de Salta Pablo López Viñals también realizó una presentación ante Nación reforzando el pedido provincial para que la deuda que se reclama sea saldada. A esto debe sumarse la existencia de una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que fija el valor diario del mantenimiento de internos federales, alojados en cárceles provinciales: en todas las reuniones del Consejo Federal Penitenciario se reclama su actualización.