El proyecto impulsado por el Ejecutivo para modificar la conducción del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) generó cuestionamientos desde algunas bancas de la Cámara de Diputados y abogados especializados en Derecho Penal. A pesar de esto, el Senado dio media sanción al proyecto que reforma la ley 7665.

“Aquí no se viola la igualdad de las partes en un proceso judicial, no se favorece a nadie”, dijo el senador Jorge Soto sobre la posibilidad de que un fiscal quede al frente del organismo y agregó: “La naturaleza misma del CIF dice que es un organismo auxiliar del fiscal penal”.

Polémica por la reforma: “el CIF debería estar al servicio de la Justicia”

En diálogo con LA GACETA, el legislador remarcó además que el proyecto elaborado por el procurador de la Provincia, Abel Cornejo, no altera ninguna instancia del proceso penal y se adecua a las normativas vigentes.

El abogado penalista Pedro Arancibia había señalado que la decisión del procurador resulta “peligrosa” porque pasaría a concentrar todo el poder. “Sea quien fuere, podrá intervenir en todo el proceso con una visión muy sesgada y tendenciosa: podrá tomar, analizar y resguardar las pruebas que le convengan y eso es peligroso”, enfatizó el letrado.

En igual sentido, Maria Eugenia Yaique indicó que de acuerdo a su visión el CIF debería “dejar de pertenecer al Ministerio Público Fiscal y al Poder Ejecutivo”. “Debe ser un organismo autónomo que esté al servicio de la ciudadanía. No solo de los fiscales y de la parte acusadora, sino también de los defensores públicos y privados”, sostuvo.

Tras la muerte de Exequiel Gallardo, removieron a las autoridades del CIF

El texto aprobado en la cámara alta establece que el nuevo titular del organismo judicial deberá proponerle al Procurador las políticas de acción del área; organizar, coordinar y supervisar las tareas de las áreas a su cargo; promover la capacitación del personal y demás cuestiones de funcionamiento interno.

Más cambios

El proyecto, que ahora deberá discutirse en la Cámara de Diputados, también establece que la creación de una Fiscalía Penal en Cachi, otra para Rosario de la Frontera y una tercera especializada en Ciberdelitos, con competencia en toda la provincia.