Después de varias semanas de debate y negociaciones la Cámara de Diputados, con flamante composición, dio sanción definitiva al proyecto de ley que modifica la constitución del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y establece que su conducción debe quedar en manos de un fiscal.
A pesar de los cuestionamientos que realizaron algunos legisladores, ayer en el recinto y a las críticas que recibió desde abogados penalistas, el proyecto fue aprobado por el voto mayoritario y en los próximos días sería promulgado.
“El CIF debe estar conducido por una persona que sea elegida por concurso de antecedentes”, dijo Manuel Santiago Godoy. A pesar de las disidencias, el legislador reconoció también que resulta valido el pedido del procurador al entender que necesita estos cambios para investigar de otra manera en pos de resolver crímenes.
Polémica por la reforma: “el CIF debería estar al servicio de la Justicia”
Desde la bancada de la Unión Cívica Radical, Héctor Chibán aseguró que con estos cambios el organismo judicial “perderá independencia” porque se rompe el equilibrio del proceso penal en desmedro del imputado.
Ante este escenario, el diputado capitalino vaticinó “cuantiosos pérdidas para la provincia” por los planteos de nulidad que se presentarán en contra de la prueba pericial que produce el CIF. “No debía modificarse nada de la ley del CIF, pero se quiere crear un cargo para que sea ocupado por designio del Procurador (Abel Cornejo), me parece un bodrio”, enfatizó.
Desde el oficialismo, Socorro Villamayor amenizó los cuestionamientos y dijo que muchos de esos planteos parten “de conceptos erróneos” porque el titular del CIF “no será juez y parte” de un proceso. “Los derechos de la querella y del acusado están garantizados con esta ley y no se vulneran”, enfatizó la diputada.
La mirada de los especialistas
El abogado penalista Pedro Arancibia había señalado que la decisión del procurador resulta “peligrosa” porque pasaría a concentrar todo el poder. “Sea quien fuere, podrá intervenir en todo el proceso con una visión muy sesgada y tendenciosa: podrá tomar, analizar y resguardar las pruebas que le convengan y eso es peligroso”, enfatizó el letrado.
En igual sentido, Maria Eugenia Yaique indicó que de acuerdo a su visión el CIF debería “dejar de pertenecer al Ministerio Público Fiscal y al Poder Ejecutivo”. “Debe ser un organismo autónomo que esté al servicio de la ciudadanía. No solo de los fiscales y de la parte acusadora, sino también de los defensores públicos y privados”, sostuvo.
Más cambios
El proyecto, que ahora deberá discutirse en la Cámara de Diputados, también establece que la creación de una Fiscalía Penal en Cachi, otra para Rosario de la Frontera y una tercera especializada en Ciberdelitos, con competencia en toda la provincia.