El próximo 10 de diciembre Gustavo Sáenz asumirá como gobernador y por la ley aprobada en la Legislatura, el flamante mandatario tendrá la posibilidad de diagramar su gestión a partir nueve ministerios y 45 secretarías.
Algunos de los cambios notorios que se proponen es la eliminación de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Primera Infancia. Además el área de Cultura pasaría a depender del Ministerio de Educación, mientras que Trabajo perdería el rango ministerial.
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A pesar del amplio respaldo que recibió la iniciativa enviada por el Ejecutivo, los legisladores, desde bancadas oficialistas y opositoras, hicieron sentir su descontento con el artículo 17 del proyecto que deberá promulgarse en las próximas horas.
El mencionado artículo establece que “mientras duren en sus funciones, los Ministros y el Secretario General de la Gobernación gozan de las mismas inmunidades que los legisladores provinciales”. En la Constitución de la Provincia, los artículos 88 y 89 establecen que los miembros del Poder Legislativo “son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo”, pero además gozan de inmunidad “y no podrán ser arrestados por ninguna autoridad sino en el caso de ser sorprendidos infraganti en la ejecución de algún delito pasible de pena corporal, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.
Y además agrega que sin perjuicio de la inmunidad establecida precedentemente, los ministros del ejecutivo y el Secretario General de la Gobernación “se encuentran obligados a comparecer ante las cámaras legislativas y sus comisiones para producir los informes que correspondan, pudiendo ser compelidos con el uso de la fuerza pública”.
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Sobre este punto, el senador provincial Carlos Rosso fue uno de los que puso reparos y consideró innecesario que un funcionario del Poder Ejecutivo cuente con este tipo de privilegios.
En diálogo con LA GACETA, el diputado Carlos Zapata también se manifestó en contra pero indicó que los funcionarios actualmente cuentan con esa inmunidad, producto de una ley modificada por Juan Manuel Urtubey en 2011.
Cuando Matías Posadas interiorizó al Senado sobre los alcances de la ley explicó que no se trata de nada novedoso porque desde 1995 a la fecha se encontró este artículo en las leyes ministeriales. “En Salta la función gubernativa equipara las inmunidades de los legisladores a la función gubernativa y eso genera que se traduzca lo que dice la Constitución en la ley”, detalló el diputado mandato cumplido y aclaró que la disposición no contempla a los secretarios de Estado.
La otra polémica
La nueva Ley de Ministerios generó una fuerte crítica por parte de Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra la Mujer, ya que, según el artículo 26 de la nueva Ley, las áreas de prevención de violencia de género formarán parte de la órbita del ministerio de Seguridad. Pérez Declercq se expresó en contra de la iniciativa y aseguró que vienen relevando desde hace tiempo situaciones de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad hacia quienes denuncian y son víctimas de este flagelo, como así también remarcó que hay una gran falta de conocimiento para tratar situaciones de este tipo.
Matías Posadas, futuro secretario de la gobernación, dijo a LA GACETA que lo que se hizo fue ampliar la perspectiva de género e incluirla en seguridad. “Hoy se trabaja en Derechos Humanos y se va a seguir haciendo. Con la nueva ley se va a trabajar además con perspectiva de géneró en desarrollo social y también en Seguridad”, dijo y calificó la iniciativa como un avance, un paso importantísimo.
“Que se aborde la seguridad con perspectiva de género no quiere decir que se deje de lado el trabajo que se hace en Derechos Humanos. La ley no saca la competencia de un lado para ponerla en otro, sino que la amplía”, puntualizó.