La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) dio a conocer un duro informe sobre la represión desatada durante el estallido social iniciado en octubre en Chile. Allí se constató el uso excesivo o innecesario de la fuerza, muertes, lesiones, torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.

La jefa de una misión de la ONU que visitó Chile, Imma Guerras-Delgado, enfatizó que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos.

El informe, que se suma a los de Human Rights Watch (HRW) y Aministía Internacional (AI) difundidos el mes pasado, concluye con una dura semana política para el gobierno de Sebastián Piñera. El Presidente enfrentó un posible juicio político (finalmente rechazado) y perdió a uno de sus alfiles con la acusación constitucional al ex ministro del Interior Andrés Chadwick. Sin olvidar que la tragedia tomó forma con la caída de un avión militar que viajaba a la Antártida: murieron 38 personas.

Trabajo de campo

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Estos episodios se produjeron en el marco de las multitudinarias y por momentos violentas marchas en las que millones de chilenos exigieron cambios profundos del modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

La represión de estas marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones oculares por disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y encarcelados. Según un informe policial, los detenidos sumaron 18.359: 9.716 por desordenes y 4.991 por saqueos.

Las violaciones se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría ocurrieron en la Región Metropolitana (Santiago de Chile) y en contextos urbanos, precisó el organismo de la ONU que preside la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.

La Acnudh también observó que Carabineros, la policía chilena, incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. “Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión”, advirtió.

El documento subrayó el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

“El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o en la cara da cuenta de esta grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo”, remarcó el estudio.

“Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas -agregó-. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían ‘desaparecidas’, equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”, explicitó. El texto también subraya la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que adoptaron. (Informe de Télam)