TUCUMÁN.- A un cuarto de siglo de haber estado en la Legislatura, el docente y constitucionalista Luis Iriarte logró -desde su rol de abogado, aunque siempre atento a los sucesos en la arena política- un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de la democracia. A partir de un fallo favorable de la Corte Suprema de Tucumán en una causa impulsada junto a su esposa y colega, Carmen Fontán, los legisladores tendrán que ir al recinto de sesiones el martes 28 para poder “congelarse” la dieta, y así quedar en sintonía con las medidas de “solidaridad” y “emergencia” dispuestas por el Congreso de la Nación.

En una entrevista con LA GACETA, Iriarte consideró que esto será “un paso adelante” para el sistema republicano provincial. Aunque advirtió que la suspensión de los aumentos por 180 días, al estar originados en un decreto firmado por el oficialista Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura, estará signada -otra vez- por la colisión con lo ordenado por el máximo tribunal local. “Lamentablemente, el comienzo parte de una base inadecuada”, afirmó el ex convencional constituyente, en una visita a la Redacción de este diario.

-¿Cómo surgió la idea -en 2007- de cuestionar diversos artículos de la Constitución provincial de 2006, en especial aquellos de especial importancia para la clase política, como las dietas?

-La decisión surgió luego de una lectura pormenorizada del texto constitucional. Detectamos varias normas que, a nuestro juicio, eran gravemente inconstitucionales. Una de ellas, la que facultaba al vicegobernador a fijar el monto de la dieta de los legisladores. Y eso, sin pauta constitucional alguna, como podría ser el proceso inflacionario, la evolución del salario público u otro parámetro. Es decir, según su exclusivo criterio. Gravísimo. En el libro El Federalista (1778), que en EEUU redactaron tres juristas de renombre, comentando la Constitución de 1787, si no me falla la memoria, en el capítulo “Madison”, dicen: “quien se adueña del bolsillo de un funcionario, termina normalmente adueñándose de su voluntad política”. Y desde la reforma constitucional de 1990, al vicegobernador, que es un funcionario electo juntamente con el gobernador, lo envían a presidir y administrar el Poder Legislativo. Es, a mi juicio, gravemente inconstitucional, porque, otra vez, se adueña de la voluntad política quien se adueña del bolsillo. En consecuencia, se neutraliza una facultad constitucional clave de la Legislatura, que no es sólo la de sancionar proyectos de ley, sino la controlar a los otros poderes del Estado, incluso al propio vicegobernador. Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución provincial, la Legislatura puede, a través de un juicio político, destituir al gobernador y al vicegobernador. (Con Fontán) nos preguntamos, entonces, ¿con qué autoridad moral van los legisladores a iniciar un proceso de destitución de un vicegobernador, que es quien paga sus dietas, quien designa sus empleados de bloque, fijando incluso el sueldo de estos trabajadores? Es toda una estructura puesta a disposición de los legisladores, pero dispensada con total discrecionalidad por el vicegobernador. Y eso era gravísimo. También el tema de que se facultaba al gobernador a legislar por decreto de necesidad y urgencia (DNU), y una vez dictado ese instrumento, transcurridos 20 días hábiles sin tratamiento por parte de la Legislatura, el texto quedaba convalidado como ley. Esto sumado a que sólo el vicegobernador es facultado a determinar qué puntos entran en el orden del día. En consecuencia, no hay una división de poderes. Una atrocidad institucional, cuya viabilidad constitucional también fue desestimada.

-¿Qué sensaciones experimentó cuando conoció el fallo de la Corte local?

-La primera sensación fue de profunda satisfacción. No en lo personal, sino por lo institucional. En el tema de los DNU y en el tema de las facultades del vicegobernador, de lo que se trataba (en definitiva) era de consolidar un sistema en el que el Poder Legislativo perdía toda autonomía; o, dicho en otras palabras: su plena autonomía dependía de la voluntad política del vicegobernador, electo conjuntamente con el gobernador y parte de su proceso político, al punto que está visibilizado (en la Carta Magna) como el “reemplazante natural” del gobernador. Por eso, en nuestra demanda, no sólo hubo un cuestionamiento a las normas constitucionales, sino también a normas del Reglamento de la Legislatura. De ese texto surge que el vicegobernador es, verdaderamente, como lo definió el gobernador (Juan) Manzur cuando era vicegobernador de (José) Alperovich. En 2008, en una nota que publicó LA GACETA, Manzur afirmó: “dicen que tengo la Legislatura en un puño, y admito que es así”. Bueno: con el Reglamento, el vicegobernador tiene a la Legislatura en un puño, y eso es gravemente inconstitucional. Sobre ese tema tienen que apuntar todos los legisladores para poder respetar y consolidar el sistema democrático. En ese sentido, otra sensación que tuve con todo esto fue de profunda decepción con relación a la representación política de Tucumán de quienes se dicen opositores...

-¿En qué sentido?

-Yo me dije a mí mismo: esto no es un tema de derecho constitucional o de constitucionalistas. A ver: los legisladores opositores, los partidos que se dicen opositores al oficialismo de Tucumán, ellos debieron haber sido quienes impulsaran las acciones judiciales cuestionando la reforma constitucional de 2006, y no lo hicieron. No sólo eso. Convalidaron en los hechos todas las consecuencias negativas de esta reforma, que es un típico disfraz constitucional, porque aparenta ser republicano pero, en realidad, concentra todo el poder político. Este sistema, que viene de la Constitución del 90 y se consolida en la de 2006, hace que la dupla de gobernador y de vicegobernador se adueñe, uno del Ejecutivo, y el otro del Legislativo.

-¿Cómo fueron las repercusiones? ¿Recibió llamados estos días de dirigentes, legisladores, colegas docentes...?

-A los legisladores no les gustó que alguien les esté indicando lo que ellos debieron hacer. Sé que hubo disgusto de los partidos políticos llamados opositores; ellos saben que están en falta, porque debieron haber hecho lo que nosotros hicimos. Y esto nos lleva una carga muy dura en lo personal. Muy dura. Tengo una demanda de la Dirección General de Rentas de la época del gobernador Alperovich, muy dura, injusta y arbitraria, que lo interpreto como una secuela de persecución política personal, a raíz de mi enfrentamiento con el poder político del alperovichismo. Hacer lo que hicimos nos cuesta horrores en la vida personal. Uno observa las consecuencias de lo que genera ser verdaderamente independiente y leal a los principios constitucionales. Eso me significó que me deteste el oficialismo y que me detesten los que se dicen opositores. Tengo una vocación enorme política, incluso quiero y me gustaría gobernar Tucumán, pero no tengo partido político ni medios económicos para crear uno, y mi fidelidad a la Constitución me alejó de la posibilidad de acceder al poder. Eso es un serio obstáculo para los partidos que quieren esquivar una y otra vez los postulados constitucionales.

-Tuvo una experiencia como legislador, después de participar en la Constituyente federal de 1994. ¿Cómo fue?

-Fue importante. En la Convención Constituyente federal de 1994 formé parte de la lista de Fuerza Republicana (FR), porque tenían como mensaje el “no a la reelección de Carlos Menem”. Yo había escrito un artículo, publicado en LA GACETA, donde hacía referencia al mensaje de Juan Domingo Perón, el 1 de mayo de 1948, ante las dos Cámaras reunidas, cuando dijo que la Constitución del 53 era la más sabia al prohibir la reelección inmediata, ya que la reelección era “una escuela de fraude e incitación a la violencia”. A partir de eso me convocaron de FR. Y dije “vamos”. En Fuerza Republicana conocí muy buenas personas. Ojo, ¿eh? Afiliados. Que luego, la acción de (Antonio) Bussi gobernador nos distanció. Pero en la Constituyente (de 1994) tuve absoluta libertad de acción. Con posterioridad (a la reforma de la Carta federal), un amigo tocó el timbre de mi casa y me dijo que un grupo de FR me quería como candidato a legislador. Aclaré que no tenía dinero para la campaña. De hecho, no puse un peso. Ni siquiera fui fiscal de mesa. Al día siguiente de la elección (de 1995), en clases, un alumno levantó la mano y me dijo: “doctor Iriarte, usted ya fue electo legislador”. Así fue como me enteré. Pero a fines de 1996 renuncié. Bussi había prometido que no iba traspasar el sistema previsional a la Nación, y lo primero que hizo fue enviar un proyecto de ley a la Legislatura para hacerlo. Y todo culminó con el proyecto del Canal Federal, de Bussi y Menem, para hacer un traspasamiento de cuencas del agua de Tucumán y de Santiago del Estero con rumbo a La Rioja.

-¿Cómo era el sistema de las dietas en ese momento?

-De acuerdo a la Constitución del 90, no se podía modificar (el monto) hasta tanto haya una nueva elección (por lo que la suba no beneficiaba a los legisladores en ejercicio). Fue una cláusula muy republicana, austera, pero es para tiempos normales. Cuando hay un agudo proceso inflacionario como el que vivimos, realmente dejarla congelada los cuatro años de mandato a la dieta... sería muy difícil para quienes quieren desempeñarse al servicio de la Provincia y no tienen otro ingreso que el de su propio trabajo como legislador. Si admitimos que el legislador debe trabajar ad honórem, bueno, sólo serán legisladores los pudientes.

-¿Qué debe implicar la dieta, a su criterio, en cuanto recursos? Ya sean humanos, económicos, etcétera.

-Nunca me he planteado qué monto sería el razonable, pero pienso que podría ser un intermedio entre lo que ganan, por ejemplo, los integrantes de la Corte Suprema y la cabeza del Poder Ejecutivo, el gobernador. Debe ser un ingreso que le permita vivir con decoro, con su familia, sin necesidad de tener que recurrir a otros elementos económicos, porque ahí sí se abre la posibilidad de que transfiera su responsabilidad política por cuestiones económicas. Tiene que ser un monto razonable, entendiendo el contexto.

-El martes 28, a partir del fallo que obtuvo, los legisladores tratarán en sesión su dieta. ¿Qué espera con miras a ese debate?

-(Iriarte pide unos minutos para examinar el decreto firmado por Amado para suspender las subas en las dietas por 180 días). La sesión partirá de una situación equívoca, porque se origina en una disposición que adopta el presidente subrogante de la Legislatura a través de una competencia de la cual carece. Ni el vicegobernador ni quien lo reemplace, de acuerdo al fallo de la Corte, tienen competencia para determinar el monto de la dieta o su congelamiento. Es un mal comienzo. Debería ser un proyecto puesto a consulta de los legisladores, en sesión pública, para que ellos resuelvan si lo adoptan o no. Pero no pueden darles a los legisladores un hecho resuelto mediante una competencia de la que carecen. En cuanto al debate, seguramente van a decir, y tendrán razón, que ese “congelamiento” debe extenderse al ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de los comisionados, de los municipios... Esa solidaridad debe extenderse, porque la situación es muy difícil y exige estas medidas de los representantes. Pero se está partiendo de una base inadecuada. Al menos, festejemos una cosa que he leído, porque me entero por primera vez cuál es el monto exacto de la dieta de los legisladores. Ahora, hay que ver desde cuándo rigen esos $135.515. Pero bueno, con la sentencia de la Corte de la Provincia, por ahora firme, creo que hemos dado un pasito adelante.

Claves del caso “Iriarte”

- En 2007, tras la puesta en vigencia de la Carta Magna de 2006, Luis Iriarte y Carmen Fontán objetan varios artículos.

- La Cámara en lo Contencioso dicta sentencia en 2013. El caso llega a la Corte Suprema local.

- En 2018 el alto tribunal les da la razón en que la dieta no puede ser fijada por el vicegobernador; que los DNU del gobernador no pueden tomar fuerza de ley por el paso del tiempo; y que no corresponden mayoría especiales (tres cuartos) para remover al gobernador y al “vice”. El PE recurre en queja a la Nación.

Perfil

› Luis Iriarte (77 años)

Abogado constitucionalista. Docente la Cátedra de Derecho Constitucional (UNT) hace cuatro décadas. Está casado con la constitucionalista Carmen Fontán, cofirmante en el caso “Iriarte”. Ex convencional constituyente provincial (1990) y nacional (1994). Ex legislador provincial por FR (1995). Ex conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones y ex vocal ad hoc del Tribunal de Cuentas.