El escándalo surgido a raíz de que se conozcan las fotos que muestran al, por entonces, intendente de El Bordo, Juan Mazzone, con menores semidesnudas, generó que además de gestionar su destitución, se le abra una causa penal por corrupción de menores.

Luego que uno de los remiseros que participó de la fiesta manifestará que sabía que una de las chicas era menor de edad y días después se retractara, el fiscal penal de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio confirmó que dos de ellas eran menores.

Consecuentemente la fiscalía dispuso imputar penalmente a Mazzone, como así también a Manuel Santiago Amador y Eliseo Elías Valdez –quienes habrían estado presentes cuando se tomaron las fotos- por el delito de corrupción de menores.

La investigación comprendió el allanamiento en el domicilio de Mazzone, el secuestro de fotos y material informático -donde aparecieron nuevas y más comprometedoras fotografías- y la toma de declaración indagatoria a las mujeres, remiseros y otros intervinientes.

La defensa del intendente sostuvo en reiteradas ocasiones que las fotos no eran probatorias de ningún delito y que las testimoniales recabadas no habían sido incriminatorias y que por ello pediría el cierre de la causa.

Sin embargo, el fiscal Ramiro Ramos Osorio y su par penal de General Güemes, y Rodrigo González Miralpeix, a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género N°2, solicitaron al juez de Garantías N°4, Diego Rodríguez Pipino, la elevación de la causa a juicio por el delito de corrupción de menores. Según Ramos Osorio, en el laboratorio de informática el personal del CIF recuperó fotos que habían sido eliminadas y que una de las chicas dijo que una persona le ofreció dinero a cambio de sexo en la fiesta.

En la última actuación, hasta el momento, el juez remitió la causa y sus respectivas actuaciones al tribunal de origen, el Juzgado de Garantías N°8, que deberá notificar a las partes sobre el requerimiento, para que éstas puedan apelar.