BUENOS AIRES.- “Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo”. Con esas palabras, el presidente, Alberto Fernández, pidió “prudencia” en la discusión dentro del oficialismo sobre la denominación de los ex funcionarios kirchneristas detenidos durante la gestión de Mauricio Macri por presuntos hechos de corrupción.

Según el mandatario, en la Argentina “no hay nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo -condición necesaria, indicó- para definir a un preso político”. Así, insistió en emplear el término “detenciones arbitrarias”.

“El tema semántico no es menor. Si en el mundo escuchan que en la Argentina hay presos políticos, lo primero que piensan es que Alberto Fernández mete gente en la cárcel por su condición política”, protestó el Presidente ayer durante una entrevista con radio Continental.

“Una doctrina penosa”

Fernández juzgó que la discusión en torno a la existencia o no de presos políticos es “innecesaria”. Aún así, consideró que muchos procesos iniciados entre 2015 y 2019 estuvieron “viciados en sus formas” y que recaían sobre opositores a Cambiemos.

“Hay jueces que han institucionalizado una doctrina muy penosa que permite el encarcelamiento preventivo de un modo desmedido, sin que exista sentencia previa”, argumentó el mandatario. Y protestó: “No entiendo qué parte de mi postura no entienden”.

El planteo “K”

La polémica se desató la semana pasada cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió que en Argentina “no hay presos políticos”, sino “detenciones arbitrarias”.

La primera respuesta llegó por boca de la ministra para las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez, ex abogada de la dirigente jujeña detenida Milagro Sala. “No tengo dudas de que ella es una presa política”, sostuvo.

En la misma línea se han expresado los kirchneristas Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y Julio De Vido, ex ministro de Planificación imputado en varias causas por corrupción (ver aparte).

“Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, quieren hacernos pelear dividirnos”, insistió Fernández sobre la discusión. (Télam)

JULIO DE VIDO

“Una persecución política brutal”

Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal que cumple actualmente prisión domiciliaria, pidió “un respetuoso silencio” ante lo que definió como una  “persecución política brutal” sufrida por ex funcionarios de la gestión presidencial de Cristina Fernández. Así lo afirmó por medio de mensajes que emitió desde su cuenta en Twitter, en los que también dijo que lamentaba “molestar” al presidente, Alberto Fernández, “con la cuestión de los presos políticos”. Además, le sugirió que le ordene a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “que guarde prudente y respetuoso silencio ante la persecución política brutal a la que fuimos sometidos”.

MILAGRO SALA

“Llamen como quieran, pero resuelvan”

Para Alberto Fernández, la dirigente jujeña Milagro Sala sí fue una pesa política durante el primer tiempo de su reclusión. Ahora, considera que vive una “detención indebida”. La ex líder de la Tupac Amaru reclamó que “le pongan el nombre que quieran” a la situación de ex funcionarios o dirigentes del kirchnerismo detenidos por presuntos hechos de corrupción, pero que “lo resuelvan”. “Considero que soy presa política por todo lo que vengo pasando en estos cuatro años”, aseguró la referente social, que ahora cumple prisión domiciliaria. Aún así,  aseveró que, “a esta altura, ya no interesa” qué categoría le toca, y hasta ironizó: “mañana va a aparecer otro que va a decir que no somos presos políticos o que no fue prisión arbitraria, y va a inventar otro slogan”.

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

“Una herencia del Gobierno anterior”

El Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que “hay presos políticos” en el país y puso a Milagro Sala como ejemplo de eso, y consideró que “vienen de herencia del gobierno anterior”.

“Han habido muchas irregularidades en el Poder Judicial: con el lawfare, con los famosos arrepentidos... Hay un deterioro muy fuerte de la Justicia y el actual gobierno tiene que asumirlo. No puede decir que no hay presos políticos cuando en realidad debe analizar cada situación con detenimiento”, afirmó el activista por los derechos humanos. Pérez Esquivel reconoció que, si bien el Ejecutivo no tiene presos políticos, sí debe sanear la “herencia” del macrismo.

JUICIO POR LA OBRA PÚBLICA

Se reanudó la investigación por presuntos sobreprecios

El juicio oral contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez (ambos se encuentran detenidos) por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudó ayer en Retiro.

El Tribunal Oral Federal 2 comenzó a escuchar al ex diputado nacional por la Coalición Cívica Fernando Sánchez, uno de los denunciantes de la causa y convocado por el fiscal de juicio, Diego Luciani, y la querella de la Oficina Anticorrupción. “Había cartelización. Identificamos simulación de competencia y el vínculo formal societario entre esas empresas”, sostuvo el denunciante. Y agregó que era llamativo que “los que se presentaban a las licitaciones eran siempre los mismos grupos económicos”, además de criticar que el Grupo Báez no haya tenido antecedentes en materia de obras viales, “cuando la ley establece criterios estrictos a la hora de participar, teniendo en cuenta capacidad y experiencia”.

Sánchez es el tercer testigo convocado desde que se inició el debate oral, mientras que los primeros fueron Juan Carlos Morán y Margarita Stolbizer en diciembre pasado.

En este juicio se debate el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública en Santa Cruz en favor de las empresas del grupo Báez y el supuesto pago de sobreprecios.

Por este caso, el tribunal juzga a la ex presidenta, a De Vido, a Báez y a José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo. (Télam)

CAUSA DE LOS CUADERNOS

Cristina ya no tiene ningún pedido de prisión preventiva

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso ayer el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la “causa de los cuadernos”.

La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, cuyos integrantes entendieron, entre otras cuestiones, que no se verifican los riesgos de fuga o de entorpecimientos de la investigación invocados para una medida de ese tipo.

Tras el fallo firmado por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña no quedan prisiones preventivas pendientes de ejecuciones contra la ex mandataria.

La prisión preventiva sujeta al desafuero de la entonces senadora Fernández de Kirchner había sido dispuesta por el fallecido juez Claudio Bonadio, en septiembre del 2018. En su voto, Figueroa argumentó que la prisión preventiva “ha sido dictada de manera arbitraria y en flagrante violación de la manda constitucional”, por lo que se debía dictar su nulidad.

Sobre Cristina pesaban otras dos órdenes de prisión preventiva en expedientes que estaban supeditadas a la investigación central de los cuadernos, por lo que también quedaron sin efecto luego de la resolución de ayer.

El ex juez Bonadio también le había dictado la prisión preventiva en el marco de la causa por la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, medida que caducó en diciembre pasado. (Télam)