Horas antes de que los diputados salteños sesionen de manera extraordinaria, dirigentes kirchneristas cuestionaron al gobernador Gustavo Sáenz por "priorizar la modificación de la composición de la Corte de Justicia sobre las muertes que se registraron en el norte como consecuencia de la pobreza extrema en la que vivían".

“Dos nuevos jueces no solucionan el mal servicio de justicia y cuestan 40 millones de pesos anuales, que equivalen a 10 pozos de agua por año, 20 mil módulos alimentarios, o a la Copa de Leche de la ciudad capital hoy cancelada. Es vox populi que estos cargos serán ocupados por ex legisladores nacionales, ex funcionarios, parientes y amigos del gobierno anterior y del actual”, dice el comunicado de prensa que difundieron desde el Frente de Todos.

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En el documento, los dirigentes políticos criticaron también que el  Ejecutivo no haya contemplado el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia que declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. “Nos hubiéramos sentido convocados si el llamado a sesiones extraordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Salta fuera para el debate y la sanción de un plan estratégico de inclusión y el desarrollo del norte salteño en el corto, mediano y largo plazo o la aprobación de la nueva ley de financiamiento para las cooperadoras asistenciales, que ya cuenta con media sanción”, agregaron.

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En relación a la crisis que atraviesa el norte provincial, los dirigentes kirchneristas enfatizaron que escucharon con estupor las declaraciones de funcionarios del gobierno provincial justificando que las causas de las muertes son culturales y sostuvieron que el discurso del gobierno provincial de “no ocultar la realidad” es utilizado como base para el reclamo permanente a la Nación de recursos y apoyos.

“El gobierno de la Nación envió a Salta 324 millones de pesos para la compra mensual de 40.000 módulos alimentarios reforzados durante 4 meses, 20 millones de pesos para 20.000 módulos para situaciones crítica y firmó el convenio para entregar 65.000 tarjetas alimentarias por un valor de 330 millones de pesos mensuales.

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Sin embargo, en el norte nada ha cambiado. El gobierno provincial declaró la emergencia sociosanitaria pero las comunidades siguen sin alimentos y agua. Los intendentes siguen afrontando los reclamos de los y las vecinos/as por la ausencia del Estado provincial. Falta todo: agua, alimentos, médicos, insumos, transporte, comunicación, etc.”, concluyeron.