A un mes de que se conocieran las fotos en la aparece el -por entonces- intendente de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, con mujeres menores de edad en ropa interior y con el municipio intervenido, el ya destituido Mazzone está imputado por corrupción de menores, un delito grave que prevé una pena de entre tres y diez años de prisión.

La investigación de los fiscales ya concluyó y solicitaron que la causa sea elevada a juicio. Los involucrados contaron inmediatamente su versión de lo sucedido, pero las pruebas recopiladas por la fiscalía muestran una serie de contradicciones y elementos que complican seriamente a los imputados. 

“Las fotos no son prueba de ningún delito”, dijo en más de una ocasión la defensa de Mazzone y, en términos absolutamente literales, es cierto ya que no son prueba suficiente para demostrar que hubo corrupción de menores. Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el fiscal de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio de la mano del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), arrojaron una serie de datos reveladores.

El fiscal contó a LA GACETA que se extrajeron 19 fotos del celular de una de las jóvenes, que habían sido eliminadas y que los científicos del CIF consiguieron recuperar. Todas ellas son del mismo tenor de las que han circulado por los medios y redes sociales, es decir, tomadas en el interior de la casa y con gente en ropa interior. Ninguna foto muestra gente en la pileta ni comiendo un asado.

Las pericias determinaron que todas las fotos fueron tomadas entre la 1.20 de la mañana y las 4 y no se ven otras personas que los tres imputados -a Mazzone se le suman Manuel Amador y Elías Valdéz- y las cinco chicas, de las cuales cuatro son menores de 18 años.

Un dato llamativo es que las fotos que se han conocido públicamente surgieron de una cuenta de Facebook que se creó y se eliminó 18 horas después y que la persona que lo haya hecho tiene las fotos originales. Según el fiscal, es imposible averiguar quién creó esa cuenta ya que esa red social solo brinda esa información en casos de narcotráfico o trata de personas.

Ni bien conocidas las fotos, Mazzone brindó una conferencia de prensa acompañado de algunos de los que habían participado de la fiesta aquél 20 de diciembre de 2014, incluida la única mujer mayor de edad. En esa ocasión y luego también en la declaración ante el fiscal, el intendente dijo que se trató de una celebración de fin de año de los remiseros, a quienes les prestó su finca “La Ramada” y que después se sumó, acompañado de su novia, y que se sacó la camisa -pero que estaba con los pantalones puestos- porque hacía mucho calor.

La contradicción más fuerte fue de público conocimiento la semana pasada cuando salió a la luz otra parte de la foto en la que se ve que Mazzone no llevaba puesto los pantalones.

La versión de los imputados cuenta que Valdéz apareció en la fiesta con su novia y cuatro amigas. Sin embargo, en las declaraciones las chicas dijeron que se conocieron esa noche (salvo dos menores de 15 y 17 años que son hermanas). Además, dos son de Campo Santo, una es de La Banda, otra de Güemes y una de El Bordo.

Mientras el ex intendente afirma que fue una fiesta normal en donde no pasó nada extraño, hay relatos de dos menores que dicen que les ofrecieron plata y hay una queja de que como ya les habían dado de comer y de tomar, ya no les querían pagar, contó el fiscal.

Algunas de las jóvenes se animaron a confesar que les ofrecieron plata para tener sexo y para que no cuenten nada de lo que sucedió aquella noche, pero otras no: “las declaraciones en cámara gessell no sirvieron mucho, pero sí para mostrar que fueron inconsistentes en algunas cosas, como horarios o cosas que sucedieron, entre ellas hay marcadas diferencias”, señaló Ramos Osorio. 

La novia de Mazzone dijo que estuvo dos horas en La Ramada, pero su hermana dijo que fueron 45 minutos, aunque ambas coincidieron en que se fueron a las 12 de la noche cuando las chicas se dirigieron a la pileta y que aún estaban vestidas. La primer foto fue tomada después de la 1 de la mañana. 

Si bien para muchos autores es difícil conceptualizar el delito, está generalmente aceptado que consiste en distorsionar el tracto sexual de un menor y modifique la capacidad de concebir la relación sexual. En la corrupción de menores el daño que se produce es psíquico, alterando el desarrollo y maduración sexual normal del sujeto, aunque no es necesario que esto se haya efectivamente producido para que el delito exista, basta con que se ejerza un acto potencialmente corruptorio.

El tipo penal exige dolo, esto es, que los imputados sepan que son menores o que las circunstancias objetivas hagan dar cuenta que evidentemente son menores, con lo que alcanza con un mínimo de sentido común. El fiscal explicó que en caso de menores la responsabilidad se traslada al mayor, aunque la menor diga que prestó su consentimiento, porque la ley entiende que no está capacitada para eso.

En su requerimiento de elevación a juicio la fiscalía entendió que todo ello se da en este caso. Tanto los actos susceptibles de corromper menores como el conocimiento de la minoría de edad de las jóvenes. Lógicamente que corresponderá a los jueces determinar si los imputados son culpables o no.

El artículo Nº 125 del Código Penal dice: “el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años”. Sí se condena por el mínimo (tres años) puede gozar de una ejecución condicional y evitar ir preso, pero con un día más en la condena (tres años y un día), deberá cumplir la pena con prisión efectiva.

En criterio de la fiscalía, no se justifica la prisión preventiva porque no se da ninguno de los dos supuestos que la prevén: no se puede fugar, dado que su imagen es conocida por todos ahora y le resultaría imposible; y porque la investigación ya terminó asique no puede entorpecerla. Además no tiene antecedentes.