Organismos de Derechos Humanos presentaron una demanda judicial que advierte la inconstitucionalidad del régimen excepcional sancionatorio decretado por el gobernador Gustavo Sáenz, el cual otorga a la Policía el poder de arrestar hasta por 60 días a quienes violen el aislamiento social obligatorio dispuesto por la Nación ante el avance de la pandemia del coronavirus.

La Justicia ya dio curso a la demanda que pone en cuestión el accionar coercitivo de los efectivos comandados por la Jefa de Policía, Norma Morales, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, durante la cuarentena. Así lo confirmó Bertha Lozano, representante en Salta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, uno de los organismos demandantes.

“Cuando se decreta el aislamiento, se nota fuertemente la aplicación de este régimen restrictivo especialmente en sectores vulnerables, como las mujeres y jóvenes de barrios humildes. Es notoria la estigmatización de la policía con respecto a ellos”, observó Lozano, en diálogo con LA GACETA.

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Los demandantes entienden que a través del decreto se creó un mecanismo que pone en manos de la jefatura de la policía de Salta la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores. 

La medida “no prevé la intervención del poder judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora. Es decir que una persona puede ser condenada a una pena de arresto sin haberse podido defender, ofrecer prueba ni controlar la que se presente en su contra; sólo tendría derecho a un recurso judicial una vez condenada, y en ese caso deberá esperar la resolución privada de su libertad”, explicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), otro de los entes que presentaron el recurso de amparo, junto a la Mesa de Derechos Humanos de Salta y los comisionados electos del Comité contra la Tortura.

Los organismos reclaman a la Corte de Justicia de Salta que declare la inconstitucionalidad del decreto 255/20 y que ordene al Poder Ejecutivo Provincial y a la Policía que "se abstenga(n) de aplicar el procedimiento previsto como régimen excepcional y de imponer las sanciones coercitivas" (los arrestos).

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Además reclaman un accionar judicial urgente, considerando la inmediatez de los hechos: “la imposición de una pena privativa de libertad (…) genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas”, advirtió el CELS.

En este contexto, Lozano recordó algunos hechos que tomaron estado público, como el arresto de la activista feminista Irene Cari, cuando ella intentó llevar a su lugar a una adolescente institucionalizada que le había pedido ayuda la noche anterior. Días previos, un merendero denunció el acoso policial a jóvenes que llevaban comida a familias de barrios vulnerables. Y recientemente una joven denunció el maltrato policial en una comisaría de Orán. En todos los casos, los efectivos argumentaron su proceder en la supuesta violación de la cuarentena.

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Ante lo observado, los organismos demandantes advierten la vulneración de los derechos civiles de los salteños y que “la concentración de poder en cabeza de la policía provincial prevista en el art. 3 del DNU viola la garantía del juez natural y el debido proceso legal, específicamente en lo que hace al ejercicio pleno del derecho de defensa”.

Asimismo, sostienen que Sáenz no puede ampararse en el decreto nacional 297/20 para dictar su decreto, porque la disposición del gobierno nacional no prevé el arresto.