Los cruces entre legisladores provinciales por la adhesión de la Provincia a la ley nacional “Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en materia de género en los tres poderes del Estado, tuvo un fuerte impacto a nivel nacional. Tal es así que los padres de Micaela García, una joven militante víctima de femicidio -cuyo caso le dio nombre a la norma federal-, decidieron escribir una carta para manifestarse ante la polémica.

Néstor García y Andrea Lescano, integrantes de la Fundación “Micaela García ‘La Negra’”, evidenciaron ante todo que estuvieron atentos a los hechos suscitados en esta provincia. “Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo tucumano, a sus organizaciones de mujeres, a sus militantes y a todas las personas que nos han expresado su amor, compromiso y acompañamiento en este camino de lucha por la sociedad que Mica soñó”, señalaron.

Recordaron que la norma “no lleva cualquier nombre”: “lleva el nombre de nuestra hija, de nuestra nieta, de nuestra compañera y amiga, lleva el nombre de una joven violada y asesinada, y encarna tantas otras historias dolorosas y evitables, de vidas arrebatadas por la violencia machista y por un Estado que se revela incapaz de actuar oportunamente”, destacaron.

Y recordaron la historia del caso, en una clara respuesta a los dichos del legislador tucumano Ricardo Bussi (“no conozco casos de asesinatos por su condición de mujer”, afirmó el republicano). “Micaela fue víctima de un feminicio perpetrado por una persona que, a pesar de tener dos condenas por violación y un sin fin de informes desfavorables que no recomendaban su salida, fue beneficiado con prisión condicional por un juez que sin perspectiva de género, así lo decidió arbitrariamente. Pocas horas antes de que Micaela fuera atacada por Sebastián Warner el 1 de abril de 2017, el padre de una menor intentó radicar una denuncia contra Sebastián Warner por haber intentado abusar de su hija. La denuncia no fue tomada por el policía que, sin perspectiva de género, recomendó a la familia regresar unos días después”, recordaron García y Lescano desde la Fundación.
Y detallaron: “Micaela fue víctima de un femicida y de un Estado que no actúa o lo hace de manera ineficiente y tardía. Esa es la razón por la cual la Ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, invitando a las provincias a adherir a la misma”. 

A continuación, la carta completa de los padres de Micaela sobre la polémica en Tucumán.

Quienes conformamos la Fundación Micaela García “La Negra”, especialmente sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, queremos expresarnos ante los hechos de público conocimiento en torno al debate suscitado en Tucumán por el Proyecto de Ley de Adhesión a la Ley Nacional N° 27.499 que lleva el nombre de nuestra hija.
En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo tucumano, a sus organizaciones de mujeres, a sus militantes y a todas las personas que nos han expresado su amor, compromiso y acompañamiento en este camino de lucha por la sociedad que Mica soñó y el cual llevamos con orgullo y fortaleza.
Es el mismo amor que hemos recibido en cada el rincón del país que hemos visitado para difundir la Ley Micaela, haciendo talleres, dando charlas, compartiendo experiencias y abrazándonos con familias atravesadas por el dolor de la violencia de género. El mismo amor que nos alienta a no bajar los brazos y nos encuentra con cientos de jóvenes rostros, llenos de sueños, que nos reflejan los ojos con los que Mica miraba la vida.
La Ley Micaela no lleva cualquier nombre, lleva el nombre de nuestra hija, de nuestra nieta, de nuestra compañera y amiga, lleva el nombre de una joven violada y asesinada, y encarna tantas otras historias dolorosas y evitables, de vidas arrebatadas por la violencia machista y por un Estado que se revela incapaz de actuar oportunamente.
Micaela fue víctima de un feminicio perpetrado por una persona que, a pesar de tener dos condenas por violación y un sin fin de informes desfavorables que no recomendaban su salida, fue beneficiado con prisión condicional por un juez que sin perspectiva de género, así lo decidió arbitrariamente. Pocas horas antes de que Micaela fuera atacada por Sebastián Warner el 1 de abril de 2017, el padre de una menor intentó radicar una denuncia contra Sebastián Warner por haber intentado abusar de su hija. La denuncia no fue tomada por el policía que, sin perspectiva de género, recomendó a la familia regresar unos días después.
Micaela fue víctima de un femicida y de un Estado que no actúa o lo hace de manera ineficiente y  tardía. Esa es la razón por la cual la Ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, invitando a las provincias a adherir a la misma.
Tenemos el convencimiento que si la Ley 27.499 hubiera existido tiempo atrás y la provincia de Entre Ríos la hubiera aplicado, Micaela hoy la estaría militando junto a sus demás banderas. Por eso no aflojamos, por eso no bajamos los brazos, por eso empeñamos nuestros días y nuestra vida en su defensa y difusión.
Tenemos el orgullo de decir que pocas leyes de nuestro Congreso Nacional han sido tan democráticas como ésta. Partió de varios proyectos que se unificaron, fue aprobada por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y Diputadas (sólo un voto negativo del Diputado Olmedo) y por unanimidad en el Senado, es decir, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria apoyaron esta Ley.
Cabe destacar, además, que la Ley Micaela se ajusta a los compromisos internacionales a los que nuestro país ha adherido, como Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y su comité de seguimiento; así como a la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485).
Quienes se erigen como detractores de la Ley Micaela no lo hacen desde sólidos argumentos legales ni técnicos, sino que lo hacen desde la negación de una problemática que se lleva la vida de nuestras hijas, hermanas, madres, compañeras y amigas. Nuestra sociedad sabe que la implementación de la Ley Micaela es una urgencia pública ante la violencia que sufren las mujeres y es una deuda ética con todas las que ya no están.
La sonrisa de La Negra es nuestra bandera y logra llenarnos de esperanza aún en el dolor de no tenerla con nosotros y nosotras. Su firmeza en la defensa de los derechos de las mujeres, su pasión por militar en los barrios donde habita la gurisada que el sistema excluye y empobrece; su amor por el estudio y el deporte; su imagen marchando con los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo por Memoria, Verdad y Justicia; su voz cantante y su ejemplo; son nuestro lema.
Más temprano que tarde será real esa sociedad con la que Mica soñó porque la construiremos con empecinada paciencia, inclaudicable esfuerzo y, sobre todo, con amor por la vida.
Micaela García ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!
Negra querida ¡No nos han vencido!