TUCUMÁN.- Expiró la licencia sin goce de sueldo que José Alperovich había pedido al Senado para concentrarse en la defensa del supuesto abuso sexual con acceso carnal que le endilgó su sobrina y ex colaboradora. Este plazo de seis meses resultó sumamente exiguo para el Poder Judicial, que ni siquiera resolvió si la denuncia debe ser investigada en los Tribunales de esta ciudad o en los de la capital del país. La decisión sobre la competencia depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuerpo que no dispone de un término para expedirse. Y, si bien las investigaciones acumularon algunas pruebas y Alperovich hasta presentó en forma espontánea su versión sobre los hechos al juez local Facundo Maggio, la acusación aún luce lejos del esclarecimiento. Por el contrario, el reglamento es claro: el senador kirchnerista está en condiciones de regresar a su banca y de representar a la provincia mientras se desarrollan las pesquisas, pero aún no anunció si vuelve o si se tomará más tiempo.

Ante la inminencia de la reincorporación, el equipo que acompaña a la denunciante pidió algunas señales a las instituciones. “Confiamos en que los órganos del Estado de derecho actuarán como garantes, en este caso, de una ciudadana que con mucha valentía y decisión lucha por obtener justicia en una posición asimétrica de poder evidente”, dijo el comunicado que entregó la vocera Milagro Mariona. Y añadió: “entendemos que el Congreso de la Nación debe ir en pos de los principios necesarios para sopesar dicha asimetría y bregar por una efectiva perspectiva de género en sus decisiones”.

Si bien Alperovich no necesita el apoyo de sus pares para retornar al cargo, su futuro es una incógnita. El ex mandatario no respondió la consulta de LA GACETA y permanece en silencio desde el estallido de la denuncia: la última publicación en sus redes sociales data del 25 de noviembre, cuando comunicó la solicitud de la licencia. Su reducido entorno político y familiar tampoco dio pistas sobre los planes. Sus defensores Ariel Sosa y Mariano Cuneo Libarona también callaron.

La indefinición repercute en el Senado y afuera. La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio) ya tomó posición: según su criterio, Alperovich debería ampliar la licencia por un período igual al vencido y el asunto es responsabilidad de la bancada oficialista (se informa por separado) La situación coloca en una posición incómoda a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puesto que el funcionario denunciado aporta un voto clave para las iniciativas de su sector. Las organizaciones feministas están atentas a estos movimientos y agitan las redes sociales. Diana Maffía, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tuiteó ayer: “si el Senado no hace nada, José Alperovich, quien está acusado de violación reiterada, volverá a su banca. Su bloque, el Frente de Todos, lo necesita para votaciones con mayoría agravada, como la designación de juez Daniel Rafecas como procurador general de la Nación”.

El artículo 26 del reglamento del Senado estipula que la licencia acordada a uno de sus miembros caduca con la presencia de este en el recinto. Debido a que con motivo de la pandemia la Cámara Alta sesiona por videoconferencia, Alperovich debe solicitar la firma digital y completar una serie de trámites para unirse a sus pares en el ciberespacio senatorial. Esas diligencias permitirán entrever su decisión: para esta semana están previstas reuniones de comisión mientras que la próxima sesión virtual tendría lugar a comienzos de junio.

Justamente el funcionamiento institucional restringido podría facilitar el retorno del senador puesto que no tendría que desplazarse ni poner el cuerpo a las críticas. El temario acotado de la modalidad remota también contribuiría a reducir su exposición. Alperovich es muy celoso del aislamiento que inició cuatro meses antes del establecimiento de la cuarentena: no fue a ninguna de las dos audiencias públicas que provocó en la Justicia provincial a diferencia de su denunciante, que siguió aquellos actos en la cabina de videograbación de las salas. Si bien no estaba obligado a concurrir, el ex gobernador ni siquiera pisó los Tribunales para respaldar la contradenuncia que presentó a comienzos de este año, y en la que consignó que el concejal capitalino David Mizrahi, el diputado nacional Carlos Cisneros y el abogado Gustavo Morales orquestaron la imputación de la violación para destruirlo.