Una veintena de terrenos fiscales y privados fueron ocupados durante los últimos días en Salta. En algunos casos los desalojos que encabezó la Policía quedaron envueltos en polémicas y denuncias por el excesivo uso de la fuerza pública. Sin embargo, Juan Manuel Pulleiro defendió el accionar de la fuerza de seguridad y argumentó que los procedimientos contaron con el aval de la Justicia.
La policía impidió por la fuerza una nueva toma de terrenos
Después de exponer el trabajo desarrollado en la cartera de Seguridad desde diciembre de 2019 ante los senadores de la provincia, el ministro del Ejecutivo indicó que desde el primer mes del año se registraron 40 asentamientos ilegales en toda la provincia y se mostró sorprendido por los que tuvieron lugar la última semana. Pulleiro explicó que siempre se habían tratado de tomas encabezadas por una decena de familias, pero desde el 20 de mayo se observaron movimientos masivos.
En relación a este tema, el ministro indicó que el desalojo producido en la zona sudeste de la ciudad de Salta contó con el aval de los fiscales interviniente y ahora esos terrenos cuentan con una consigna policial.
La policía desalojó los asentamientos sin orden judicial
“Hay distintos organismos del gobierno y funcionarios que están trabajando para convencer a la gente de desalojar pacíficamente los terrenos porque están cometiendo un delito y si siguen ocupando un terreno de esa forma no serán tenidos en cuenta para un plan del gobierno”, enfatizó en diálogo con LA GACETA.
Consultado por el caso de Rosa Sulca, la docente asesinada en Villa Mitre, Pulleiro señaló que la causa transita los cursos legales correspondientes y respaldó la labor de la fuerza de seguridad en el tema.
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Sobre los dichos del Procurador General, Abel Cornejo, en relación a la necesidad de replantearse el funcionamiento del sistema de emergencia 911, Pulleiro remarcó que el organismo sigue protocolos internacionales y estándares de calidad. “Es la primera vez que tenemos una falla en el sistema y estamos en proceso de revisión dentro del proceso de mejora continua que tenemos”, sostuvo.
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En este sentido también negó que exista algún tipo de disputa de poder con el Ministerio Público Fiscal y enfatizó que con el organismo trabajan de manera conjunta.
Cuestionamientos al Decreto 255
Sobre las críticas de inconstitucionalidad que recibió la medida adoptada por el gobernador Gustavo Sáenz a raíz del aislamiento social, Pulleiro explicó que ese decreto siempre tuvo un carácter “disuasorio”.
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“Siempre buscó disuadir a la gente para que se cumpla con el aislamiento. Tenemos más de 14 mil sancionados pero no hay ningún detenido ni demorado. Si se cobró multas a los vehículos retenidos y esa plata fue para el ‘Fondo Covid’ con el que se compra material de prevención sanitaria”, manifestó.