La seccional Salta de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se declaró hoy en estado de alerta y movilización en rechazo de 700 despidos de trabajadores que cumplen tareas en las obras de reparación del trazado ferroviario del Belgrano Cargas, entre Nuestra Señora de Talavera y Pichanal.

La decisión gremial en rechazo de las masivas cesantías fue respaldada de forma inmediata por la conducción nacional del sindicato, que encabeza Gerardo Martínez.

La empresa encargada de esos trabajos solicitó y obtuvo esta tarde una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación a partir del carácter "federal" de la obra.

El encuentro se realizará desde las 11 del viernes próximo con la participación del gremio, el Belgrano Cargas y la cartera de Transporte.

El secretario general de la seccional provincial de la organización, Rubén Aguilar, a cargo de las negociaciones para destrabar el conflicto, ratificó hoy el alerta y movilización y detalló que el personal decidió un plan de lucha.

La empresa contratista UCSA despidió hoy sin causa a 700 trabajadores afectados a la obra, quienes cumplen tareas en los obradores de Joaquín V. González, La Estrella y Apolinario Saravia, dijo el gremio.

Para ello, argumentó que el Estado nacional adeuda 1.300 millones de pesos por el 70 por ciento de las certificaciones de noviembre y diciembre últimos y el 100 por ciento de enero y febrero -otros 200 millones-, aseguró.

Aguilar señaló esta tarde a Télam su "enorme preocupación" ante "la pérdida de puestos de trabajo", en especial en el contexto de la pandemia de coronavirus, y ratificó en asamblea "el plan de lucha gremial".

"Se trata de una obra muy importante a nivel nacional. Pero, en especial, es imposible suponer que en estos graves momentos de la vida nacional un empresario cometa semejante atropello. Mucho menos en una de las zonas más pobres de Salta. Las supuestas deudas no admiten despidos", afirmó.

El dirigente sindical dijo también a Télam que un decreto presidencial prohibió los despidos, pero "la patronal lo violó", y añadió que la contratista debe garantizar "el pago de salarios y acordar con el Estado una salida".

Aguilar puntualizó que "el despido de 700 trabajadores es un acto criminal que solo puede adoptar alguien a quien nada le importa", a pesar de que el sindicato y el personal de la Uocra "siempre mantuvieron la paz social en la obra".

Una asamblea de trabajadores decidió hoy aguardar hasta mañana para comprobar si el empresario abona o no la correspondiente quincena y, además, exigió el pago del Fondo de Cese Laboral, que adeuda desde hace siete meses.

"La seccional y los empleados de la UOCRA de Salta agradecen el enorme esfuerzo y el trabajo de Martínez y de toda la comisión directiva nacional, porque desde el primer momento están al tanto de la situación y se cargaron el problema al hombro en procura de resolverlo", expresó Aguilar, quien aseguró que el personal permanecerá frente al obrador durante algunos días y luego ingresará.

Por último, informó que la empresa no puede sacar las máquinas de la obra porque los trabajadores y los delegados "están atentos y lo impedirán". (Télam)