Que la pandemia afectó la economía de la provincia no es un dato novedoso. Ahora la principal preocupación del gobierno radica en encontrar soluciones que permitan no solo costear los gastos corrientes, sino también ayudar a los sectores productivos que no logran reactivarse. Para eso, legisladores de distintos espacios políticos plantearon diversas alternativas para sanear las arcas públicas.
Desde el Partido Justicialista, Manuel Santiago Godoy aventuró la posibilidad de que en Salta se incremente, con una visión "solidaria", el impuesto a los ingresos brutos sobre aquellos comercios o sectores que mantuvieron sus ventas y ganaron en este contexto.
En diálogo con LA GACETA, el legislador capitalino explicó que le medida sería excepcional para bancos, farmacias y algunas actividades agrícolas y podría implementarse de manera decreciente durante los próximos meses.
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“Si el gobierno tiene ganas nos sentamos y acordamos. Yo le dije al ministro (Roberto Dib Ashur) y me dijo que lo analizaría”, expresó Godoy.
Otra de las propuestas que se presentaron durante las últimas semanas en la Legislatura fue presentada por Julio Moreno. El referente de Ahora Patria propuso autorizar al Ejecutivo a emitir letras del Tesoro hasta $7.200 millones, con plazo de devolución de dos años.
De acuerdo a lo propuesto por el legislador, ese dinero debiera destinarse a la cancelación de la deuda flotante de la provincia, los gastos de la administración central y la creación de un fondo especial de garantía para otorgar créditos blandos a las Pymes locales.
La izquierda también participa del debate y sostiene que a través de un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas se puede conformar un ‘Fondo de Emergencia’ para afrontar este delicado momento.
AUTORES. Desde sus bancas Del Plá, Godoy y Moreno plantearon posibles soluciones a la crisis
Claudio Del Plá, representante del Partido Obrero en la cámara baja, detalló que con este proyecto podría reforzarse el sistema sanitario, brindar un seguro de $30.000 a las personas desocupadas y financiar un plan de viviendas en la provincia.
Sujetada con pinzas
En la última visita que el titular de la cartera económica, Roberto Dib Ashur, realizó a la Legislatura detalló que producto de la pandemia los ingresos por coparticipación cayeron notablemente. Desde Nación llegaron 5 mil millones de pesos menos entre enero y mayo.
La deuda es otro punto preocupante que enfrenta la gestión de Gustavo Sáenz. El año 2019 se cerró con 1.144 millones de pesos de déficit y este año los vencimientos de deuda superan los 9.000 millones de pesos, sobre una deuda global de 38 mil millones.
A pesar de las disminuciones en la coparticipación, el trabajo conjunto con Alberto Fernández permitió disminuir el efecto del impacto. Unos 322.416 salteños fueron beneficiados con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa ATP ayudó a una gran cantidad de compañías salteñas a pagar el 50% del salario complementario.
A raíz de estas cifras, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal demostró que Salta fue una de las grandes beneficiadas con las transferencias del Gobierno Nacional. Los montos enviados a esta jurisdicción prácticamente triplican la media nacional.
Durante el primer cuatrimestre del 2020, las provincias recibieron $100.000 millones desde la Administración Nacional en concepto de Transferencias No Automáticas (TNA). El 94% de las TNA fueron destinadas a financiar gastos corrientes mientras que el 6% restante financió gastos de capital.
Mientras que la mayoría de las provincias recibió un promedio $130 pesos por habitante durante el primer cuatrimestre del año, en Salta ese monto fue de $458.