Acompañaba a su madre para un trámite en el Banco Macro del barrio Ciudad del Milagro, cuando vio que no se estaba respetando el distanciamiento social en la fila para adultos mayores y decidió advertirles de esto a los policías que estaban allí. A partir de allí, Pablo Solazzi vivió un absurdo y abusivo accionar policial.

“No somos niñeros de nadie”, le respondieron los efectivos y, minutos después, llegó un patrullero con tres agentes más que se acercaron al joven salteño. Cuando Pablo fue a la puerta del banco para ver si ya se había liberado su madre, ahí los policías le gritaron que estaba violando la cuarentena y que lo iban a detener.  Uno le quitó el celular para filmarlo y entre cinco lo agarraron violentamente para llevarlo en patrullero hasta la comisaría sexta. “Esta es mi comisaría y hago lo que quiero, así que calladito”, le dijo el comisario. Cuando pidió explicaciones del motivo de su detención, nunca le contestaron y, más tarde, lo llevaron a la Alcaldía. Después de la revisación médica, fue liberado.

Esto sucedió el día de inicio de la cuarentena en el país, dispuesta por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus.

Repartían arroz con leche cuando fueron reprimidos por la policía, denuncia un merendero

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz también había anunciado que la Policía de Salta se encargaría de controlar las medidas preventivas. Para ello, estableció un régimen sancionatorio excepcional que prevé la implementación de medidas coercitivas (multas, privación de la libertad y decomisos de vehículos), siendo el Jefe de la Policía de la Provincia la autoridad con competencia jurisdiccional de aplicar las sanciones establecidas en el cuestionado decreto 297/2020, firmado por el mandatario.

Aquel joven no fue el único que se vio inmerso en un accionar arbitrario y abusivo de policías que, en uso de sus “facultades”, ejercieron atropellos policiales.

Una demanda judicial advierte la inconstitucionalidad del régimen sancionatorio de Sáenz

Al menos 20 casos de violencia policial fueron registrados por los organismos de Derechos Humanos de Salta. Aunque no descartan que fueran muchos más.  Todos esos hechos fueron descritos en un informe que ayer fue presentado en la Legislatura provincial.

A través de este informe, la organización H.I.J.O.S - Salta en conjunto con la Asociación Pensamiento Penal buscan visibilizar la violencia policial en la provincia que, según advirtieron, se acrecentó durante la cuarentena.

Por esto, referentes de organizaciones de Derechos Humanos (entre las que se encuentra HIJOS-Salta, organización corredactora del informe), en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron hace dos meses ante la Corte de Justicia de Salta una acción de amparo colectivo en contra el Poder Ejecutivo Provincial, a fin de que se ordene al Gobierno que se abstenga de aplicar el procedimiento previsto en el decreto Nº 255/2020 y se evite la imposición de sanciones coercitivas por ser contrario a las garantías constitucionales.

Solicitaron así también que se declare la inconstitucionalidad del DNU provincial. Pero el tratamiento de la demanda judicial se dilató y el accionar arbitrario de las fuerzas continuó.

Un decreto de Sáenz se convirtió en Ley, pese a las demandas por inconstitucionalidad

Así se sucedieron decenas más de hechos violentos que detalla el informe y, dados los tiempos constitucionales, el decreto se convirtió en ley, sin discusión parlamentaria.  

Hoy “resulta imperioso que el actuar conjunto de los poderes de Estado, ponga un freno a las violaciones de los derechos humanos esenciales de la ciudadanía, con respuestas prontas y eficaces”, reclaman los organismos. A la vez que solicitan “la protección y acompañamientos de las víctimas, a fin de brindar dar una reparación efectiva e integral a quienes padecen estos hechos aberrantes”.