El Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, brindó un alarmante dato, en una reunión de la que participó en el senado de la provincia: el 83,8 %  de las causas contravencionales prescribieron y además, hay numerosos bienes sin rematar”

Cornejo participó junto a los secretarios de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez y de Seguridad, Benjamín Cruz, de la reunión de las comisiones de Legislación General y Justicia del Senado de la Provincia. Junto a diputados, analizaron los proyectos de creación de Juzgados Contravencionales, que serán tratados próximamente por la Legislatura.  

Cornejo explicó que la falta de funcionamiento de la justicia contravencional, también genera un impacto económico porque los bienes incautados se deterioran, se deben mantener (cuando se trata de ganado, especialmente) y no se procede a su remate, lo que permitiría generar recursos destinados al funcionamiento del sistema.

El secretario de Seguridad Benjamín Cruz sostuvo que “la provincia pierde plata, porque aunque el fin de las contravenciones no es recaudatorio y sí de prevención, los fondos generados por remates y multas posibilitarían que los juzgados contravencionales sean “autofinanciables”, además de tener como destino el equipamiento de la Policía de la Provincia, que actuará como instructora de las causas contravencionales.

Justamente, Cornejo precisó que el control de legalidad sobre la instrucción hecha por la fuerza de Seguridad, lo ejercerán los jueces contravencionales.

En tanto, Cruz aportó que la justicia contravencional permitirá supervisar posibles malos procederes o abusos policiales y prevenir el delito, porque “la mayoría de contravenciones que inician como tales, pueden terminar en la comisión de delitos”, al tiempo que puso como ejemplo que “hay fiestas denunciadas por ruidos molestos, que terminan con enfrentamientos y apuñalamientos”.