Los intendentes Jorge Prado (Aguaray) y Rogelio Nerón (Santa Victoria Este) atraviesan horas complejas. Desde hace meses Prado quedó involucrado en la causa judicial que investiga el robo de caños del gasoducto del NEA y desde la Legislatura algunos sectores políticos impulsan la intervención del municipio. En el caso de Nerón, los concejales aprobaron el inicio del juicio político y ahora fue imputado judicialmente por el incumplimiento en los deberes de funcionario público.

El escándalo nacional que provocó el robo de caños de en el norte provincial derivó en la imputación de Prado por parte de la Justicia Federal por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública. El juez federal de Oran, Gustavo Montoya, también imputó al secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes, y al empresario Diego Alos.

Hasta el momento la causa no tuvo mayores avances. Pero, en materia política también parece haber un parate. Tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, el Frente de Todos ya manifestó la necesidad de tratar la intervención del Ejecutvo Municipal y denunciaron al saencismo por no discutir el proyecto.

Ramón Villa adelantó que en la próxima sesión de la cámara baja aprovechará el cupo que tiene su bloque para que la iniciativa pase por el recinto. “Les pido a los diputados que lo debatamos en el recinto y si están en contra expongan los motivos y digan porque no quieren que se intervenga y nosotros diremos porque este tipo de personajes de la política no tienen que estar al frente de un municipio”, afirmó el diputado provincial.

En Santa Victoria se viven horas convulsionadas. El último fin de semana, el Concejo Deliberante aprobó el inicio del proceso del juicio político que podría terminar con la destitución de Rogelio Nerón. Los ediles de la comunidad cargaron contra el primer intendente wichi de la provincia ante la falta de respuestas de diversos pedidos de informes y la supuesta compra irregular de un camión.

Pero la crisis política del municipio del departamento Rivadavia también llegó a los estrados judiciales. El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó al intendente Nerón por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor.

La acusación se basa en la falta de respuestas al Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público; además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona.

A las denuncias las radicaron el vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Samuel Gilobero y Abel Mendoza, quien lo hizo en representación del Movimiento Indígena integrado por los caciques Mateo Torres (Santa María), Leopoldo Gaby (Alto la Sierra), Gabriel Lozano (Pozo el Tigre), Marcos Lucas (Misión la Puntana), Laurencia Peres (viuda de Pedro Lozano, exintegrante del Gabinete Municipal), Ignacio Pérez (cacique) y Juan Frías (secretario).