El fiscal federal Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, formalizó la imputación al empresario Antonio Vera, quien se hallaba prófugo desde el 14 de mayo pasado, cuando la fiscalía solicitó su captura internacional.
Villalba, con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, solicitó también la prisión preventiva del empresario, planteo que pese a la oposición de la defensa del acusado, fue concedida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien dio por formalizada la imputación y la detención de Vera por un plazo de 4 meses.
Vera, uno de los 11 imputados que tiene el caso, fue detenido el jueves pasado en la ruta 52, a la altura del kilómetro 15, en el partido bonaerense de San Vicente, donde, casualmente y con ayuda de otros cómplices, sustraía caños de gas de la red local.
Al verificar que el mismo registraba pedido de captura, Vera quedó detenido en una dependencia policial local, desde donde hoy asistió, por medio remotos coordinados por la Oficina Judicial de Orán, a la audiencia de imputación, de la que también participó el abogado querellante, Sebastián Smith.
Tras la identificación de rutina, el fiscal Villalba presentó las pruebas en contra del empresario, a quien le imputó los delitos de “robo calificado en concurso real con falsificación de instrumento privado”, acusación por la cual el Código Penal establece una escala de 6 meses a 10 años de prisión.
En su exposición del caso, Villalba resaltó la magnitud del entramado de robo de caños, fraude y otros delitos imputados al resto de los acusados, entre los cuales se encuentran el actual intendente de Aguaray, Jorge Prado, su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y varios empresarios, tanto de Salta, Mendoza como de Buenos Aires.
Vera, según las pruebas reunidas, estuvo ligado directamente a la extracción de los caños del gasoducto, tanto en el norte de la provincia de Salta como en otros diferentes puntos del país.
Vera, además, comercializó los bienes robados, para lo cual montó una empresa “fantasma”, denominada Vera SA, de la cual se valió para darle un marco legal a la venta de los caños.
Así, con documentación falsa, entre ellas facturas y remitos, Vera disfrazó distintas operaciones realizadas con empresario del rubro, quienes también fueron imputados en la cadena de responsabilidades que la fiscalía investiga desde febrero pasado, cuando se descubrieron los saqueos.
En su imputación, el fiscal le achacó a Vera su participación en el robo de 22 caños del gasoducto, los cuales fueron recuperados en un procedimiento realizado el 14 de abril pasado, el cual se ejecutó a raíz de la denuncia de representantes de la empresa IESA, licenciataria del Estado Nacional en la construcción de la obra.
Los caños, transportados por dos camiones, fueron secuestrados en un parador, en la ruta 34, a la altura del kilómetro 1.425, en el norte de Salta. Los tubos habían sido extraídos del paraje El Desemboque, ubicado a 130 km de General Mosconi.