El gobierno de Salta da marcha atrás con los súper poderes de la policía.

El gobernador Gustavo Sáenz le había otorgado a los efectivos el poder para sancionar incumplimientos a las normas a través del decreto 255, convertido semanas después en la Ley 8191.

Matías Posadas, Secretario de gobierno, dijo que ahora se impulsará un “régimen excepcional contravencional”, donde será el juez de garantía el que intervenga en cada una de las multas, si es que cree que hubo una violación a las normas”. Esto será debatido en la legislatura.

Los reparos

El 2 de julio la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante la Justicia de la provincia una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo, ante las numerosas denuncias de abusos de la autoridad y excesos en el accionar policial de Salta.

El Colegio de Abogados de Salta, que solicitó sumarse como amicus curiae (amigo del Tribunal) en la acción de inconstitucionalidad que se presentaron en la Justicia organismos de derechos humanos y que se tramita en la Corte de Justicia.

“Compartimos en todas sus partes la tacha de inconstitucionalidad que ha realizado la actora, y sobre todo el reproche en torno a las inconductas contrarias a los derechos humanos que ha desplegado la autoridad de aplicación del DNU 255/20 (Policía de la Provincia de Salta) debido a que ha generado desde su vigencia, violencia institucional de tal magnitud, que ha intervenido la Secretaría de DDHH de la Nación; violencia en desmedro de quienes han sufrido la aplicación de las sanciones impuestas en la norma ilegal”, señala el texto presentado.

Por otra parte, enfatizan que la ley es inconstitucional porque “exorbitó el ámbito de sus facultades, alterando la división de poderes y el principio republicano al arrogarse facultades no conferidas por la Constitución, aun en emergencia”, y sustenta esta afirmación en que crea una “contravención, de contenido sancionatorio de naturaleza penal, por medio de un decreto de necesidad de urgencia".

Finalmente señala que hay una “afectación del Principio de Debido Proceso”, ya que el DNU altera el principio del juez natural, al ser juzgado por el Jefe de Policía, “privándole al contraventor de los derechos que le reconoce la ley y la Constitución para ejercer su defensa en juicio, mediante una defensa técnica asignada por el Ministerio Público, es decir la Defensoría General de la Provincia de Salta”.

El reclamo viene desde hace dos meses y el pasado 26 de agosto se sumó Adolfo Pérez Esquivel,  Premio Nobel de la Paz. “La normativa la Gobernación de Salta apunta más a la represión y no a la solución de los problemas”, dijo en Aries Fm. Dijo, asimismo, que el problema que busca solucionar el gobierno de Salta “no se resuelve con más violencia, se resuelve con políticas de Estado que tienen que ser de prevención y seguridad social”. Advirtió, además, sobre un retroceso de la democracia.