El proyecto de ley para un aporte obligatorio y único a las grandes fortunas del país se trataría en la sesión prevista para el 15 de octubre en Diputados. El texto, con la firma de los representantes del kirchnerismo Máximo Kirchner y Carlos Heller, dentro del Frente de Todos, recibió algunas modificaciones en la búsqueda de apoyos de algunas fuerzas provinciales, ante la dura oposición de Juntos por el Cambio.

El proyecto, con le nombre de Aporte Solidario y Extraordinario, ya cuenta con el dictamen de comisión. El objetivo del Gobierno nacional es recaudar alrededor de $ 307.000 millones extras que se destinarán a salud, energía, construcción de viviendas y al apoyo de pequeñas y medianas empresas (Pymes). El oficialismo tuvo que descartar el cobro del impuesto a no residentes en el país. En la semana pasada, Heller mantuvo el diálogo abierto con Juntos por el Cambio, que rechaza la ley, y cambió la fecha de cálculo de los bienes personales declarados para evitar juicios por inconstitucionalidad. En el original era retroactivo al 31 de diciembre del 2019 y ahora figura a partir de la vigencia de la ley.

Pagarán quienes tengan bienes por más de $ 200 millones desde la promulgación, excepto quienes hayan hecho algún movimiento patrimonial durante los últimos 180 días con intenciones de evasión impositiva.

El aporte generó rechazos en el sector empresario, que se vería alcanzado por el aporte. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, había despertado la polémica en una entrevista radial en Futurock: “tener $ 200 millones no es fortuna, está por encima del promedio, un poco más sobre el promedio. Están estigmatizando a ese sector que llaman ricos pero no lo son”.

Según el Gobierno, la iniciativa consta de un “aporte único y extraordinario” que sólo se aplicaría en 2020.

La medida está orientada a que las personas humanas y sucesiones indivisas que al 31 de diciembre de 2019 registraran un patrimonio, ya sea en el país o en el exterior, superior a los $ 200 millones, al tipo de cambio mayorista de entonces cercano a $ 60, sobre la base de las declaraciones juradas determinativas del impuesto sobre los Bienes Personales (BBPP) que se presentaron entre el 10 y el 12 de agosto.

No obstante, se espera que esta nueva obligación recaude cuatro veces más que BBPP, dado que no contempla las exenciones previstas en el impuesto tales como los bienes pertenecientes a miembros de misiones diplomáticas, cuotas sociales de cooperativas, planes de seguro de retiro, bienes inmateriales, títulos públicos argentinos, depósitos bancarios en pesos o moneda extranjera, entre otros.

Según estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Gobierno podría conseguir cerca de $ 307.898 millones, lo que equivale a 1,1% del PBI. El proyecto contempla siete escalas para los alcanzados por este impuesto según el valor de los bienes en el país y en el exterior. La medida obligaría a pagar a entre 7.438 y 9.298 contribuyentes y significaría una inyección recaudatoria pensada para contrarrestar el impacto de la crisis económica aparejada a la pandemia.