El 19 de noviembre, fueron imputados siete concejales salteños, por el cobro indebido del IFE. La misma acusación recayó sobre tres trabajadores de la filial provincial del PAMI.

En este caso, el fiscal, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, presentó pruebas y solicito la formalizaciÓn de la investigación penal en contra de los siguientes concejales:

1) Antonio Omar Benítez de Colonia Santa Rosa.

2) Héctor Sebastián Cari de Guachipas

3) Daniel Ignacio Casimiro de La Poma

4) Mónica Visitación Juárez de Rivadavia Banda Sur

5) José Osvaldo Reynaga de San Lorenzo

6) Ariel Santos Palma de Rivadavia Banda Norte

7) Julio Pedro Laxi de Animana

En la audiencia, el fiscal resaltó la importancia del beneficio, destinado a paliar la situación de ciudadanos sin trabajo formal. Refirió que el otorgamiento del mismo quedó en manos de la ANSES, organismo que proveyó información respecto a la situación de cada uno de los acusados.

Asimismo, indico que la AFIP también aporto datos claves, los que permitieron conformar una base probatoria para adjudicarle a los ediles imputados la calificación penal provisoria de los delitos de "defraudación a la administración pública" e "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Durante la audiencia los abogados pidieron un plazo de 40 días para responder. También cuestionaron el pedido de embargo requerido por el fiscal de 60 mil pesos.

Toranzos solicitó el compromiso de los acusados de no entorpecer la investigación, la presentación cada 15 días en la dependencia policial más cercana y la prohibición de salir del país.

Al momento de resolver, el juez dispuso dar por formalizada la acusación por los delitos planteados por la fiscalía, mientras que fijó el plazo de investigación en 90 días.

Respecto al embargo, Bavio decidió que la suma de 60 mil pesos se aplique a los que cobraron el beneficio, en este caso Cari y Juárez, mientras que para el resto se fijó en la suma de 20 mil pesos.