Hace once años investiga delitos de contrabando de drogas y ahora se lo acusa de recibir dinero a cambio de beneficiar a delincuentes.
En diciembre de este año el juez Raul Reynoso cumplirá 11 años al frente del juzgado federal de Orán, la unidad judicial cuyo despliegue llega hasta los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, es decir todo el territorio salteño que limita con Bolivia y Paraguay. Por eso desde siempre fue conocido como el magistrado que combatía la presencia del narcotráfico en el noroeste argentino.
Las cifras del juez Reynoso siempre sorprendieron a los funcionarios más importantes, incluso a la presidenta Cristina Fernández, quien destacó en abril de este año que en su oficina trabajan solo 22 empleados. Más de 17.000 kilos de cocaína, más de 1.700 de marihuana, casi 9.000 de anfetamina y 2 de heroína fueron incautados bajo su gestión hasta fines del año pasado. A ello se suman las más de 800 causas que se elevaron a juicio oral, con aproximadamente 1.500 personas detenidas.
A mediados de octubre de este año el magistrado estuvo en el Coloquio de Idea y manifestó ante más de 70 ejecutivos que la ciudad de Orán se había convertido en una “comunidad colombiana” y destacó la labor del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien lo ayudaba a quemar la cocaína secuestrada con camiones enviados desde Córdoba.
Pero esta semana comenzó un calvario para quien fue uno de los íconos de la lucha contra las drogas a partir de la acusación del abogado David Leiva. "Denuncié que en el juzgado federal de Orán se estableció un tarifario para otorgar libertades y excarcelaciones a personas vinculadas con el narcotráfico ", afirmó a LA NACION el abogado denunciante. Hoy al mediodía esa denuncia se trasladó en un allanamiento a sus oficinas y en una grave acusación en su contra, señalado como el líder de una organización delictiva que beneficiaba a narcotraficantes.
La resolución del juez federal Julio Bavio ordenó el secuestro de once expedientes y sus respectivos incidentes, por ser aquellos por los que se tienen configurada la sospecha de que el imputado cometió el delito de prevaricato. Las causas son:
Causa Nro. FSA 8.833/2014, caratulada: “MASTAKA, Marcos Ricardo y VERA, Luis Alberto s/Inf. Ley 23.737”; Causa Nro. FSA 14.023/14, caratulada: “VALDEZ CARI, Marcelino Mario y otros s/ inf. Poder Judicial de la Nación ley 23737”; Causa Nro. FSA 8.564/2014 caratulada: “CABEZAS, Iván Edgardo y otros s/Inf. Ley 23.737”; En mayo de este año estalló el
escándalo por la causa Cabezas, imputado por narcotráfico. En aquél momento el juez
Reynoso denunció amenazas y pidió licencia. En julio,
Cabezas quedó en libertad.Causa Nro. FSA 969/09 caratulada: “CIFRE, Luis Arturo y otros s/Infracción Ley 23.737”; Causa Nro. FSA 52000259/12 caratulada: “CATÁN, Eduardo Daniel; NIEVES, Eliseo Mario; FARFÁN, Laureano Miguel y FARFÁN, José Miguel s/Infracción ley 23.737 (Art. 5 inc. C)”; Causa Nro. FSA 970/09 caratulada: “ACUÑA, Carlos Dante y otros s/Infracción Ley 23.737 (Art. 5to. C)”; Causa Nro.FSA 1047/2011 caratulada: “QUIROGA, Eduardo s/Inf. Ley 23.737 y ley 2.415”;Causa Nro. FSA 2882/11 caratulada: “AQUINO, Diego Sebastián y Tolosa, Elena s/inf. ley 23737”; Causa Nro. FSA 11.665/13 caratulada: “MOLINA MERILES, Gabriel Roberto s/inf. ley 19359”, Causa Nro. FSA 2982/14 caratulada: “Segundo, Héctor René s/inf, ley 23.737”,Causa Nro. FSA 8394/14 caratulada: “Rojas Mamani, Gerardo s/Inf. Ley 22.415 (art. 867)”,
El camino frustrado hacia la Cámara de Apelaciones
Los deseos de integrar la Cámara Federal de Apelaciones por parte del juez Reynoso se vieron truncos este año, cuando en los pliegos enviados por la presidenta Cristina Fernández el magistrado quedó relegado en la orden de mérito para integrar la Sala II de dicha Cámara. En dicho trámite se debía cubrir la vacante dejada por el juez Roberto Loutayf Ranea, en la Sala I como así también designar a otros tres jueces para la Sala II.