La Cámara Federal de Apelaciones de Salta dispuso ayer que los empleados, autorizados a no trabajar provisoriamente en el Juzgado Federal de Orán tras declarar en la causa en la que se imputa al juez Raúl Reynoso, retornaran a su lugar de trabajo el próximo lunes. Pero los abogados comparecieron ante el fiscal federal Eduardo José Villalba, en razón de no haber variado las circunstancias. Según manifestaron, continúan los aprietes.

Los trabajadores presentaron un audio y una desgrabación de la que surge un tono amenazante del juez hacia ellos, diciendo entre otras cosas que “varios no van a tener su vida tranquila; que Méndez no va a quedar tranquilo jurídicamente y que ahora se tiene que ocupar de peces más grandes, después de los peces chicos”, según fuentes judiciales.

Quienes comparecieron fueron María Alejandra Yampotis, Juan Manuel Puig y José Antonio Fernández Martínez, quienes además fueron referenciados por el magistrado de Orán en su declaración indagatoria.

Los trabajadores del Juzgado solicitaron se arbitren los medios que garanticen su seguridad física y psíquica, lo que se torna difícil si tienen que continuar cumpliendo sus funciones en el Juzgado Federal de Orán en las actuales condiciones.

Por tal motivo, los fiscales federales Villalba y Diego Iglesias (Procunar) solicitaron al juez federal Leonardo Bavio se les brinde protección a los testigos mencionados y consecuentemente se disponga que no comparezcan a prestar funciones en el Juzgado de Orán, mientras subsistan las actuales condiciones, a fin de evitar las posibles consecuencias y eventuales represalias.

El pedido de protección de testigos presentado por los fiscales se encuentra pendiente de resolución, hasta tanto se resuelva la recusación que recae sobre él, presentada por el abogado de María Elena Esper, una de las imputadas de esta causa. Cabe recordar que el juez fue acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas para excarcelar a narcotraficantes y también fueron imputados seis abogados por mediar en este delito.