Aseguran que tienen medios suficientes para fugarse o entorpecer la investigación. También ampliaron la causa por prevaricato.
Los fiscales que llevan adelante la investigación contra el juez de Orán Raúl Reynoso, y los demás imputados de conformar una asociación ilícita que beneficiaba a detenidos por narcotráfico, solicitaron que los procesados sean detenidos.
El fiscal salteño, Eduardo Villalba, y su par de la Procunar, Diego Iglesias, no uqedaron conformes con el fallo del juez de Salta Julio Bavio, que si bien procesó a los imputados en consonancia con lo solicitado por las fiscalías, ordenó su inmediata liberación y el fin de las prisiones preventivas que venían cumpliendo algunos de ellos.
La presentación de los fiscales apunta contra el jefe de despacho del Juzgado Federal de Orán, Miguel Saavedra; del ordenanza Julio Cesar Aparicio, y de los abogados Ramón Valor, René Gómez, María Elena Esper y Arsenio Eladio Gaona, todos procesados por asociación ilícita y concusión (el cobro de ilegal de sumas por parte de un funcionario en provecho propio). También alcanza a la hermana del ordenanza del juzgado, Rosalía Candelaria Aparicio, sindicada como testaferro para la recepción de un inmueble de un presunto narco.
Reynoso, al seguir siendo juez y mientras no sea destituido, conserva los fueron que impiden que pueda vulnerarse su libertad.
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Según los fiscales los acusados "cuentan con bienes y posibilidades financieras que podrían permitirles profugarse con suma facilidad, pues cuentan con medios materiales para ello, además de que todos se domicilian en zona cercana a la frontera con Bolivia" y recordaron la abogada Esper "tras los allanamientos realizados en su domicilio permaneció prófuga por varios días".
por tráfico de divisas. En ese marco, la libertad de los acusados facilitaría, entre otras cosas, "la tarea de 'esconder' los vehículos adquiridos por los imputados para invertir el dinero obtenido".
La causa por prevaricato
Como si fuese poco, los fiscales también requirieron que se amplíe el procesamiento del juez Reynoso por otros seis casos de prevaricato -está procesado sólo por dos- en los que el magistrado había sido sólo procesado por concusión, además de considerárselo jefe de una asociación ilícita.
El prevaricato se configura cuando un juez emite resoluciones o dictámenes contrarios a derecho y, según Villalba e Iglesias, "existen suficientes elementos para considerar que las resoluciones adoptadas en el marco de los expedientes, que fueron objeto de imputación en orden al delito de concusión, han sido dictadas además de manera contraria al derecho vigente o fundándolas en hechos falsos".