El fin de año no paró de darle malas noticias al suspendido juez de Orán Raúl Reynoso. En el último día del 2015 se conoció que los mismos fiscales que vienen impulsando la causa en la que está procesado por asociación ilícita, concusión y prevaricato, pidieron que se lo investigue por el supuesto otorgamiento de beneficios a empresarios para una mayor comercialización de sus productos en la frontera.

El fiscal federal Eduardo Villalba, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron que se investigue si Reynoso cobraba para emitir amparos que le permitan a ciertos empresarios vender más de lo que las normas aduaneras autoriza.

El caso surgió a partir de la denuncia de Héctor Navarro, quien preside una de las catorce cámaras de comercio de Salvador Mazza, en el límite con Bolivia. Navarro denunció que un empresario sirio había logrado un amparo por parte del juez Reynoso, que lo autorizaba a ingresar camiones en forma ilimitada a la zona de frontera.

Aquella medida judicial contradecía lo establecido por la Mesa Multisectorial conformada por la AFIP (DGI-DGA), la Dirección General de Rentas y la Municipalidad de Salvador Mazza, en donde se otorgaba 150 cupos a comerciantes debidamente inscriptos, para la venta de mercadería calificada como de “alto riesgo fiscal” (como harina, aceite, arroz, azúcar y maíz) en la zona de tráfico vecinal fronterizo. 

La hipótesis de los fiscales es que el caso del empresario sirio desenmascaró una trama repetida. La sospecha se fundamenta en que cuando la Cámara presidida por Navarro presentó idéntica acción de amparo, el magistrado solo accedió parcialmente, habilitando el ingreso de tres camiones de harina aproximadamente por comerciante, pero que de todas formas, la Aduana no los dejaba ingresar.

Según el sitio oficial de los fiscales, Navarro en su testimonio afirmó: “es vox populi en Orán y en Salvador Mazza que quienes obtuvieron resoluciones favorables pagaron importantes sumas de dinero y siempre se presentaron con los mismos abogados, pudiendo mencionar a (Arsenio) Gaona y (Ramón) Valor, lo que se puede corroborar pidiendo los amparos que tramitaron ante el Juzgado Federal de Orán en contra de Aduana”.

Valor y Gaona (cuñado de Reynoso) son dos de los abogados que están procesados en la causa por asociación ilícita. En este caso se los menciona por algo similar, ser los letrados que intermediaban en la negociación entre Reynoso y los beneficiados. Por este motivo, los representantes del Ministerio Público solicitaron que se agregue la denuncia en el expediente que tramita ante la justicia federal de Salta, ya que los hechos guardan vinculación con los allí investigados, “en tanto se describen conductas presuntamente atribuibles a la misma asociación ilícita y prevaricato, en pos del cometido de su plan criminal”.

La presentación de los fiscales incluye la afirmación de que la Cámara Federal de Apelaciones, en varias oportunidades, había solicitado a Reynoso que no se extralimitara en sus funciones avasallando el ámbito del poder Ejecutivo por medio de los amparos. La disposición acerca de límite para exportar corresponde a los organismos nacionales encargados del comercio exterior.

El sitio fiscales.gob cuenta que el 18 de agosto pasado, al revocar una cautelar que habilitaba el ingreso de mercadería por fuera del régimen de la Aduana, la Cámara consideró “inaceptable” la conducta del magistrado, “quien sigue apartándose sistemáticamente de los precedentes dictados por esa Cámara sobre la materia sin siquiera mencionarlos y menos aún, dar razones que justificarían tal apartamiento”.