El reclamo de 71 comunidades indígenas por sus tierras lleva más de 30 años y el caso incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La semana se reunieron funcionarios provinciales con pares de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en busca de un acuerdo sobre las 400.00  hectáreas que ocupan familias criollas y que exigen los pueblos originarios del chaco salteño.

Agrupadas como la asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), las comunidades indígenas de las etnias wichí, iyjwaja, qom, nivacklé y tapy’y reclaman la propiedad sobre las tierras ubicadas en el departamento Rivadavia desde 1984. Actualmente son ocupadas y utilizadas con fines de producción por 400 familias criollas.

En 1991 un decreto del gobierno provincial se comprometió a efectivizar la entrega de los territorios pero esto no se concretó. Luego de haber agotado los reclamos internos, en 1998 fueron patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dicho organismo internacional realizó una serie de recomendaciones al Estado argentino que aún no se han cumplido. El sitio Infojus Noticias cuenta que existió un decreto provincial que asignó 400.000 hectáreas a favor de las comunidades indígenas que habitan los lotes 55 y 14 y destinó 243.000 hectáreas para las familias criollas, pero resta ser efectivizado.

Ante esta situación representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la provincia de Salta, Luis Gómez Almaras, tuvieron una reunión de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la CIDH.

También estuvieron el secretario general de Gobierno, Ramiro Simón Padrós; el coordinador general del Ministerio de Asuntos y Desarrollo Comunitario, Martín Wierna, y la coordinadora de la Unidad Ejecutora Provincial, Florencia Liñis.

Del lado del Estado Nacional participaron de la reunión la directora nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Jimena Psathakis; el director general de Asuntos Jurídicos y Negociación Internacional, Ramiro Badía; el coordinador rjecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia; Pilar Mayoral, abogada del Área Internacional a cargo del caso; el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Gustavo Peters; el director de Reafirmación de Pueblos Originarios del (INAI), Nicolás Torres y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos, Javier Salgado.