Tierra, agua y diálogo son algunos de los simples pero urgentes reclamos de los grupos de pueblos originarios que llegaron hasta Salta para conmemorar su día, en medio de un acto oficial celebrado en la Plaza 9 de Julio.

Si bien los registros del IPPIS (Instituto de Pueblos Indígenas de Salta) reconocen a 9 pueblos indígenas que incluyen a 383 comunidades a lo largo de todo el territorio provincial, todavía quedan comunidades que piden ser reconocidas para tener un representante en dicha entidad. Además de voz y voto, gozarían de derechos que les reconocerían su propiedad ancestral de la tierra.

En medio de artesanos y músicos que participan del acto que comenzó esta mañana, Lucio Zerpa, del pueblo Tastil, pudo dialogar mano a mano con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a quien le planteó la necesidad de que sean reconocidos como pueblos originarios por el IPPIS. 

“Queremos sentarnos en la misma mesa, no queremos bolsones, lo que nos importa es nuestra tierra", dijo a LA GACETA el representante de una de las 14 comunidades que integran el pueblo Tastil.

Además precisó que ellos no quieren títulos de propiedad individuales, sino comunitarias, para que las 20 familias que allí viven puedan compartir los cerros, las aguadas y las leñadas.

Alfredo Lino Casimiro, del pueblo Atacama, también planteó a LA GACETA la necesidad urgente del reconocimiento de su comunidad para acceder a la tierra propia. El medio ambiente también es considerado como problemática de su pueblo, junto con el acceso al hábitat digno y al agua para desarrollar su actividad agropecuaria.

Casimiro además se mostró preocupado por la incipiente extracción de litio en las Salinas Grandes y denunció que el gobierno provincial nunca les consultó sobre esta actividad. 

“La red de pueblos de Atacama, junto con hermanos de Jujuy nos hemos juntado ante la Corte Suprema por la falta de consulta, tuvimos un audiencia pero lamentablemente se declaró incompetente y la causa pasó a la provincia”, detalló Casimiro. 

El representante indígena dijo además que dichas actividades pondrían en riesgo el acceso al agua de las familias agricultoras de la zona y también afectaría a sitios considerados como sagrados por sus integrantes.

Finalmente, Juan Condorí, del pueblo Diaguita Calchaquí reclamó por el proceso de invisibilización que atravesaron los pueblos originarios. Su pueblo sí está reconocido por el IPPIS, pero de todos modos exigen un “diálogo intercultural para  tener un estado más justo”.

Su comunidad está establecida en El Divisadero, en el departamento de Cafayate y allí reclaman por el avance que ha tenido en estos años la actividad vitivinícola, obligándolos a retroceder sus cultivos familiares.

Además señaló que sus comunidades nunca fueron consultadas en el proyecto del Camino del Inca, declarado hace dos años como patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco. “Hubo un atentado a los bienes culturales que no tuvo en cuenta a los pueblos originarios”, expresó.

“El Qhapaq Ñan no es patrimonio de la humanidad, sino de las naciones preexistentes de esas tierras”, concluyó Condorí.