Imputaron a otros dos médicos y al jefe de Guardia del hospital de Güemes por la muerte de un bebé que no habría recibido las atenciones necesarias y nació sin vida de camino al hospital de Salta.

La fiscal que investiga el hecho imputó a Roberto Francisco Farías, médico ginecólogo obstetra; y Alejandro Esteban Cortez Bellomo, también médico y jefe de Guardia del hospital Joaquín Castellanos, en la causa abierta que se sigue por la muerte del menor.

Las actuaciones iniciaron a partir de la denuncia de Carlos Javier Argañaráz, el 18 de junio de 2015, que sostuvo que el día anterior su esposa, Marta Eugenia Braga, embarazada de 38 semanas -y con los controles médicos realizados en forma normal- no fue atendida en el hospital adonde llegó con contracciones y problemas de presión. Sin embargo no había anestesista y fue derivada hacia Salta; el bebé nació sin vida rumbo al hospital Materno Infantil.

Los informes médicos y del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) indicaron que la paciente sufrió el desprendimiento de la placenta, lo que ocasionó que el bebé naciera sin vida. Además, la paciente sufrió desprendimiento fetal porque no le practicaron la cesárea de urgencia, que la madre requería.

Por esto, la fiscal de Güemes, Verónica Simesen de Bielke, había imputado también a Marcelo Quiroga, gerente de Atención a las Personas, y a Jorge Barni, gerente general del hospital, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público entendiendo que faltaron a su obligación de organizar, prever y proveer a la cobertura de los cargos y controlar el desempeño de los subordinados a su cargo.

Según la fiscal, los médicos debían proveer la cobertura de guardias por parte de profesionales médicos.

La paciente amplió su declaración y denunció que durante el tiempo que permaneció en el hospital nunca fue atendida por un médico, más allá de las atenciones que recibió la obstétrica y una enfermera que le brindaron atención sin ser personas idóneas.

Farías fue imputado por el delito de abandono de persona con grave daño a la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en concurso ideal, ya que la investigación determinó que el profesional no le brindó asistencia médica cuando estaba obligado a hacerlo.

Sobre Cortez Bellomo pesa la imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omitir la organización del servicio de guardia que tenía a su cargo, no controlar la presencia del anestesista ni del ginecólogo.