Ante la polémica que se generó en torno al caso de una niña de 12 años y con discapacidad, perteneciente a la etnia wichi que fue violada en Santa Victoria Este, el ministro de Salud, Oscar Villa Nougues, confirmó que interrumpirán el embarazo de la menor. La decisión llega luego de que se conociera que el feto presenta malformaciones en el cráneo. Organismos de mujeres habían pedido que se interrumpa el embarazo anteriormente.

Villa Nougues, en una entrevista con el programa Feedback, aseguró que la cirugía se decidió en la jornada de ayer, tras determinarse que el feto sufre una malformación craneana y no tendría posibilidades de sobrevivir una vez que nazca.

Los médicos advirtieron “el grave riesgo que implica para la salud de la niña y adelantó que se están completando los estudios prequirúrgicos para encarar la intervención con el menor riesgo posible. En cualquier paciente que tenga un cuadro similar la conducta médica es la interrupción del embarazo”, sostuvo el funcionario provincial.

El hecho ocurrió en noviembre del año pasado, en una comunidad de Alto de la Sierra, Departamento Rivadavia. La pequeña fue agredida sexualmente por un grupo de hombres, fue llevada al hospital y, según denuncian organizaciones de mujeres, no se le aplicó el protocolo de salud para los casos de violaciones, que incluye el shock antiséptico para las enfermedades venéreas y la píldora del día después para evitar el embarazo.

Además, denunciaron que tampoco se la registró para un seguimiento y la aplicación del aborto no punible que le corresponde por ley.

Para las organizaciones este caso alerta una vez más respecto a que el Protocolo para la Asistencia Integral de Toda Víctima Sexual y la concreta atención de los abortos no punibles, aprobada por Decreto Provincial Nº 1170/12, que resulta dilatorio y obstructivo del efectivo acceso a una práctica legal en Argentina, desde hace más de un siglo según la legislación penal.

En esta situación, las organizaciones y parte de la sociedad pusieron bajo la lupa al ministerio de Salud y también a Justicia y Derechos Humanos, a quienes acusan a esa cartera de que no se asesoró a sus padres para que la niña acceda al aborto no punible, hasta las 12 semanas de gestación, que le corresponde por ley.

Además, la ministra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Pamela Calleti, había declarado “que se intentaron hacer tres cámaras Gesell pero no se realizaron porque la menor no habla español”.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una Comisión Especial Investigadora para indagar sobre las responsabilidades en torno al caso. Los miembros de la mencionada comisión especial serán los mismos que integran la Comisión de Derechos Humanos. Mario Ángel, Lucas Godoy, Sebastián Casimiro, Patricia Monsterrat, Alberto Abadía, Margarita Ramírez , Betty Gil, Humberto Vázquez, y Arturo Borelli, comenzarán la tarea investigativa con entrevistas a profesionales y funcionarios provinciales.