La Procuración lo acusó de ocultar información clave para la investigación y analizarán responsabilidades de funcionarios por no aplicar la guía de abortos no punibles.
Apartaron al fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Cazón, en la causa que investiga el abuso sexual de la niña Wichi de 12 años -cuyo caso llegó a la ONU- por el supuesto ocultamiento de un informe médico de la Policía que revelaba un exámen practicado a la víctima, que sería clave para la investigación.
En vista de ello y ante el posible desvío del fiscal en cuanto a sus deberes de objetividad, buena fe y lealtad procesal, como lo establece el artículo 284 del Código Procesal Penal, el Procurador General, Pablo López Viñals, resolvió la sustitución de Cazón y en su reemplazo designar al fiscal penal 2 de Tartagal, Pablo Cabot, al frente de la causa en la que también interviene el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.
Asimismo la Procuración dispuso una investigación preliminar a fin de determinar las posibles responsabilidades de otros operadores, entre ellas las del fuero judicial como estatal por la no implementación de la "Guía de procedimientos para la asistencia integral de toda víctima de delito sexual y la concreta atención de los abortos no punibles", prevista para estos casos pero que no fue puesta en funcionamiento, por lo que se deberá determinar la posible comisión de delito de parte de los operadores responsables.
Se analizará por esto la apertura de sumarios administrativos de orden interno.
Las actuaciones de los funcionarios ya habían sido cuestionadas y días atrás el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el Cazón y el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta.
En noviembre de 2015 en el paraje Alto La Sierra, a 85 kilómetros del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, cerca de la triple frontera entre Salta, Bolivia y Paraguay, la niña fue víctima de una múltiple violación a causa de la que quedó embarazada. Las consecuencias de la gestación obligaron a los médicos a interrumpir el embarazo en el sexto mes y el bebé nació al morir por una malformación, encefalina y otras malformaciones asociadas.
Apartaron al fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Cazón, en la causa que investiga el abuso sexual de la niña Wichi de 12 años -cuyo caso llegó a la ONU- por el supuesto ocultamiento de un informe médico de la Policía que revelaba un exámen practicado a la víctima, que sería clave para la investigación.
En vista de ello y ante el posible desvío del fiscal en cuanto a sus deberes de objetividad, buena fe y lealtad procesal, como lo establece el artículo 284 del Código Procesal Penal, el Procurador General, Pablo López Viñals, resolvió la sustitución de Cazón y en su reemplazo designar al fiscal penal 2 de Tartagal, Pablo Cabot, al frente de la causa en la que también interviene el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.
Asimismo la Procuración dispuso una investigación preliminar a fin de determinar las posibles responsabilidades de otros operadores, entre ellas las del fuero judicial como estatal por la no implementación de la "Guía de procedimientos para la asistencia integral de toda víctima de delito sexual y la concreta atención de los abortos no punibles", prevista para estos casos pero que no fue puesta en funcionamiento, por lo que se deberá determinar la posible comisión de delito de parte de los operadores responsables.
Se analizará por esto la apertura de sumarios administrativos de orden interno.
Las actuaciones de los funcionarios ya habían sido cuestionadas y días atrás el juez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, presentó un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra el Cazón y el juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta.