El cambio de fiscal en la causa que investiga el caso de la niña wichi que fue violada en noviembre, quedó embarazada y debió interrumpir su embarazo porque el bebé no tenía posibilidades de supervivencia, implicó un impulso en la investigación.

Ante la inacción denunciada contra el fiscal Armando Cazón que generó su apartamiento, la Justicia le encomendó la causa a Pablo Cabot, quien de inmediato ordenó 14 nuevas medidas de prueba entre las que se destacan una inspección ocular en el paraje Alto La Sierra, la autopsia al bebé, pericias médicas y más declaraciones testimoniales.

Junto a su colega, Federico Obeid, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cabot solicitó la autopsia del cuerpo del bebé de la víctima y la extracción de muestra de ADN a los acusados, para cotejarlos con los del bebé con el fin de determinar si alguno de ellos es el padre.

Otra de las medidas fue ordenar la remisión del legajo de tramitación de matrícula del médico Juan Carlos Limache Mamani, quien habría extendido un certificado médico vinculado al supuesto abuso. Asimismo, los fiscales solicitaron a las autoridades de los hospitales de Tartagal y Santa Victoria Este el envío de las historias clínicas y otra documentación relacionada a la víctima.

Las pericias médicas solicitadas por los oficiales del Ministerio Público buscan confirmar si la menor padece de algún retraso madurativo o discapacidad. Para ello deberá intervenir un psicólogo, psiquiatra y un neurólogo. En un sentido similar serán remitidos los informes psicológicos realizados a los imputados.

Se incluye, entre las medidas de pruebas, la realización de una inspección ocular en el lugar donde la menor habría sido abusada, diligencia de la que participará el nuevo fiscal junto a peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Entre otras medidas complementarias, la fiscalía dispuso la declaración testimonial de seis testigos, entre ellos el médico Limache Mamaní, como así también familiares de la menor víctima en la localidad de Alto La Sierra. Para ello, si es necesario, la fiscalía tiene previsto ordenar la intervención de la intérprete del lenguaje Wichi.