El aumento de la violencia en Salta no se da sólo en las calles, sino que la viven miles de mujeres diariamente en el interior de sus hogares. El silencio y el miedo que rodea tanto a las víctimas como a sus familiares, dificultan  que se pueda resolver el problema. 

Según datos oficiales de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF), se registra un promedio de 43 denuncias diarias de mujeres. En lo que va del año ya se cometieron 14 femicidios en la provincia. 

Es por ello que, hace ya casi un mes, el Gobierno decretó la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. 

La GACETA dialogó con familiares de víctimas y aseguraron que el Estado tiene “como deber y obligación” implementar las políticas esenciales para su erradicación.

A pesar de que reconocen los esfuerzos del gobierno provincial para intentar acabar con esta problemática, solicitaron a las autoridades nacionales y provinciales que intervengan ante la Justicia para que ninguno de los casos quede impune. 

Coincidieron que todas las acciones que se lleven adelante deben ir acompañadas también de un “gran cambio cultural por parte de la sociedad”. Al mismo tiempo que consideraron que, “con la toma de conciencia por parte de toda la población, con una Justicia que actúe rápido y efectivamente, se podrá empezar a revertir esta triste situación”. 

Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier una de las jóvenes asesinadas en julio de 2011 en el Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, celebró la implementación de la emergencia por violencia de género en la provincia. 

Bouvier contó que se enteró del DNU estando en Paris: “las medidas  se han tomado en la dirección correcta y las apruebo”. 

Sin embargo, aseguró que sería importante la profesionalización de las fuerzas de seguridad: “la formación de la policía es absolutamente necesaria para el esclarecimiento de asesinatos, ya que las tasas aumentaron significativamente”. 

En este sentido, dijo que no hubo ninguna acción al respecto y contó que Francia estaba dispuesta a ayudar a la provincia en este campo mediante el envío de expertos.

Alberto Lebbos -padre de Paulina Lebbos quien desapareció el 26 de febrero de 2006 y apareció muerta el 11 de marzo del mismo año en Tucumán- también fue consultado sobre el DNU.

“Yo creo que está bien, aunque considero que la violencia que se está ejerciendo en las provincias de NOA no reconoce género”, manifestó el padre de Paulina y agregó: “espero que no sean acciones declamativas”. 

En este sentido, Lebbos contó que el 8 de julio pasado se realizó una audiencia pública en Tucumán en el cual participaron familiares de víctimas de todo el país, legisladores nacionales y referentes de la lucha por los Derechos Humanos.  En aquel encuentro se votó por unanimidad, solicitar al Congreso Nacional que se declare la Emergencia de Derechos Humanos en el NOA. 

“Estamos frente a un estado de violencia general”, manifestó Lebbos y aseguró que como primera medida se debe combatir la impunidad. 

Ana Fernández -madre de Cintia Fernández, la joven asesinada en abril de 2011 en Parque La Vega y referente de la Comisión de Familiares contra la Impunidad- también se refirió al tema y aseguró: “ya era hora que se declare la Emergencia por violencia de genero. Espero que todo lo que se anunció se cumpla y que tomen con seriedad los fiscales y los jueces qué es la violencia de género”. 

Fernández criticó duramente a la Justicia local y dijo que, "es lenta y está llena de vericuetos”.

Por su parte, Jerónima Llanos –madre de Mirtha Llanos, quien fue asesinada en diciembre de 2010 en el barrio Santa Clara de Asís- aseguró que el Gobierno brinda asistencia a los familiares de las víctimas pero que ellos solo necesitan Justicia. “No hacen nada por los casos. Todo demora. Ya se cumplieron 3 años y 10 meses del caso de mi hija y todavía no pasa nada”.