De las cuatro mujeres que habían sido condenadas por un robo en 2015, dos serán enjuiciadas por trata de personas; pero aunque parezcan dos hechos distintos, están íntimamente vinculados no solamente porque se repiten dos imputadas sino porque también una de las víctimas es la misma.
Claudia Marcela Castro y Jessica Marisol Aguirre fueron condenadas en 2015 a un año y seis meses de prisión condicional, por el violento robo que protagonizaron el noviembre del año pasado cuando ingresaron a la casa de una joven, en barrio Tres Cerritos, le robaron y sometieron a una golpiza.
La víctima aseguró haber sido apuntada con una pistola, delante de su hijo de dos años y que en ese episodio le robaron $95.000, u$s3.000 y varios electrodomésticos. Estrella Isabel Romero, María Sol Campos fueron las otras dos condenadas.
La primera denuncia por el caso hablaba de un asalto violento, pero con el correr de los días las investigaciones de la Policía y la ampliación de las declaraciones ante la fiscalía arrojaron pistas sobre una presunta organización delictiva que se dedica a la trata y explotación de jóvenes salteñas, captadas en boliches de la Balcarce, y en connivencia con prostíbulos y proxenetas de la ciudad de Calama, en Chile.
VIDEO: Salta: cómo "cazan" a sus víctimas las redes de trata en la Balcarce
Así fue que se supo luego que la víctima, una joven de 21 años, había mantenido un vínculo, tiempo atrás, con la organización que denunciaba. De hecho, la investigación concluyó que detrás del robo había otro objetivo: amenazar a la víctima para que guarde silencio sobre el accionar y la mecánica con la que la banda regenteaba jóvenes en la noche salteña para ofrecerles “trabajo fácil y bien remunerado” en el país vecino.
Con la condena por el robo concluyeron las actuaciones de la Justicia local pero lo relativo a la vinculación de las mujeres con una red de trata de personas siguió investigándose en el fuero federal.
Más de un año después de que fueran condenadas por el robo, Aguirre y Castro se anoticiaron de que serán enjuiciadas por, presuntamente, formar parte de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. La determinación la tomó el Juzgado Federal Nº1 de Salta, a cargo de Julio Bavio, a raíz del pedido del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos.
Están acusadas de integrar una banda que durante más de 12 años se dedicó a captar mujeres, inclusive menores de edad, oriundas de provincias del norte del país para luego trasladarlas y explotarlas sexualmente en diferentes prostíbulos de Calama, Chile, denominados “El Ángel”; “El Señor de la Noche” y “La Carreta”. Además, les habrían suministrado estupefacientes a las víctimas, también retenido los documentos y sometido a través de golpes y amenazas, tanto a ellas como a los familiares.
El dueño, un hombre que se hacía llamar Mark Anthony, se encuentra prófugo y con orden de captura internacional.