Por orden de la Justicia Federal, ayer se realizaron cinco allanamientos en dos consultorios y tres laboratorios para recopilar documentación probatoria para la causa que investiga una presunta estafa millonaria al Pami. Dos médicos y cuatro bioquímicos salteños quedaron imputados por el delito de defraudación a la administración pública en perjuicio del Pami.

Desde la Fiscalía Federal n° 1 de Salta, confirmaron a LA GACETA que los doctores Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada, y los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros son los profesionales sospechados de facturar análisis y estudios que nunca realizaron.

VIDEO: mirá el momento en que se allanaban consultorios por la investigación del fraude

La Asociación Bioquímica de Salta (ABS) efectuó una auditoría, a la que pudo acceder LA GACETA, contra sus cuatro socios a raíz de una serie de denuncias y encontró las siguientes irregularidades:

- En algunos casos se encontraron  estudios presuntamente falsos ya que los propios pacientes negaron habérselos realizados.

- Acorde a lo reflejado por la auditoría, detectaron firmas falsificadas porque muchos de los supuestos pacientes desconocieron las firmas que figuran en las órdenes y en otros casos las firmas que figuran no coinciden con la firma que el paciente registró en su DNI.

- Todas las órdenes sobre las que advirtieron irregularidades fueron suscriptas por los mismos médicos: Canelada y Sasso.

- Al inspeccionar los laboratorios de los auditados, ninguno presentó capacidad técnica para análisis de complejidad por lo que requieren derivar los mismos a centros aptos. Sin embargo, la auditoría informa que halló muchos más análisis complejos facturados que derivados.

- Que algunos profesionales se negaron a brindar la documentación requerida.

- Casos de pacientes que desconocieron los domicilios suyos que figuran en las órdenes.

- Mayor cantidad de análisis que órdenes recibidas y análisis efectuados antes de emitirse las órdenes de los mismos.

- Casos donde no hay coincidencia entre fechas de realización de los pedidos con la de los informes presentados, requisito exigido por Pami.

Las denuncias que motivaron la auditoría

El 16 de septiembre de 2016, Marisa Mariel Ibarra, una empleada de la Asociación Bioquímica de Salta, denunció ante el Pami que mientras realizaba su trabajo consistente en cargar las órdenes de dicha obra social al sistema de la institución, encontró un pedido de facturación de un supuesto estudio realizado por uno de los investigados a su madre y que aquello era falso, ya que afirmó que su madre nunca se había realizado tal análisis.

Meses después, el 14 de noviembre de 2016, el miembro de la Comisión Directiva de la ABS, Omar Rija, presentó una nota en la que denunció que había aparecido una orden de Pami de una paciente fallecida para ser facturada por Silvina Díaz, bioquímica y casada con quien en aquél momento era el presidente de la Asociación, Enrique Bardi. El pedido de la paciente fallecida procedía del laboratorio ubicado en calle Alvarado 845, que estaba bajo la dirección técnica de Bardi.

Por estos hechos, la ABS resolvió realizar la auditoría que se efectuó entre el 16 de noviembre y el 26 de diciembre de 2016. Al mismo tiempo, la Asamblea Extraordinaria de asociados de la entidad decidió por mayoría absoluta “licenciar hasta la finalización de su mandato en el cargo de Presidente de la HCD al Dr. Enrique Guillermo Bardi” y en su reemplazo asumió el Dr. Ricardo Buttazzoni, quien hasta la fecha se desempeñaba como Vicepresidente.

Con los resultados de la auditoría, la cual informó al Pami el hallazgo de irregularidades en órdenes facturadas por los profesionales auditados, la obra social de los jubilados resolvió suspender temporalmente a los dos médicos y a los cuatro bioquímicos.

La auditoría fue cuestionada y  considerada nula por la defensa de Bardi y Díaz, a cargo de los abogados Jorge Pablo Suárez Nelson y Juan Casabella Dávalos. En su descargo, presentado el 21 de marzo de este año, aseveraron que la misma no estaba firme y que la suspensión violaba la presunción de inocencia de los profesionales y les generaba un perjuicio económico irreparable.