La denuncia del Pami ante la Justicia Federal salteña derivó en una serie de allanamientos que se concretaron ayer y en la imputación contra dos médicos y cuatro bioquímicos por defraudación a la administración pública en perjuicio de la obra social de los jubilados.
En diálogo con LA GACETA, el fiscal penal Federal a cargo de la investigación, Ricardo Toranzos, confirmó que los médicos Augusto Saúl Sasso y Víctor Canelada, y los bioquímicos Enrique Bardi, Silvina Díaz, Osvaldo Miranda y María Elena Almendros quedaron imputados.
“Los allanamientos fueron parte de una batería de medidas solicitadas por la fiscalía, al tiempo que también pedimos otros elementos probatorios como testimoniales, pericias médico contables para ver si existe la práctica que se facturó y las indagatorias de los sospechosos”, agregó el fiscal al describir qué otras medidas de pruebas se ejecutarán a continuación.
Toranzos ratificó que “el puntapié inicial de la causa es la auditoria (realizada por la Asociación Bioquímica de Salta)”, la que advirtió, en principio, tres maniobras delictivas: la facturación de prácticas de bioquímicos a afiliados fallecidos, la facturación de prácticas que nunca se realizaron y el cobro en dos oportunidades de un mismo análisis.
Si bien la auditoría solo analizó las prácticas de sus cuatro socios sospechados, la misma advierte que las órdenes que solicitan los estudios que presentan irregularidades fueron siempre emitidas por los mismos dos médicos. “Cada práctica necesita de un médico que la prescriba, un bioquímico no puede hacer un estudio si no hay un pedido de un médico”, explicó el fiscal para argumentar la imputación contra Sasso y Canelada.
Sobre los allanamientos
Respecto de los cinco allanamientos que se realizaron ayer en los consultorios y laboratorios de los imputados, Toranzos señaló que se fue a buscar documentación de trámites sobre los que se sospecha que existen irregularidades como falsificaciones de firmas.
“Se recolectó, de los consultorios y clínicas, los trámites previos a la facturación para ver si existía la prescripción médica y si se había hecho esa práctica concreta por los bioquímicos que después la cobraron”, indicó.
El fiscal reveló que otra de las irregularidades que menciona la auditoría y que investiga la Justicia tiene que ver con que “muchos laboratorios no tienen los reactivos para hacer estudios altamente complejos, por lo que existen centros que hacen el estudio concreto, entonces el bioquímico toma la muestra y lo eleva a un centro de complejidad”.
Sobre este punto, “se detectaron casos de bioquímicos que dijeron que los estudios los hicieron en Córdoba pero desde allá dijeron que nunca hicieron ese estudio”, contó Toranzos.
La investigación profundizará la auditoría
Dado que la auditoría de la Asociación es solo un muestreo de algunos casos que les llamaron la atención a los miembros de la ABS, la Justicia profundizará el análisis.
“Ahora se estudiarán periodos más amplios y sobre toda la actividad, tanto prácticas de alta complejidad como ambulatorios, se va a ampliar la investigación y se harán más peritajes”, adelantó el fiscal, por lo que podría aumentar las cantidad de hechos y el daño patrimonial causado al Pami.