La complejidad y el alto grado de especificidad que caracterizan a la causa que investiga una presunta estafa millonaria de parte de médicos y bioquímicos salteños al Pami, hizo necesario que el fiscal solicite la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI-PAMI).

Un grupo de investigadores arribará hoy a la ciudad para tomar cartas en el asunto con una misión determinada: establecer qué clase de pericias se requieren y quiénes deben ser los peritos médicos que deberán analizar la documentación hasta ahora secuestrada.

Pami suscribió tiempo atrás un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través del cual se creó la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI-PAMI) que se especializa en prevenir, investigar y denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos delitos cometidos en todo el país por particulares o funcionarios públicos, que afecten el patrimonio de Pami y/o los servicios brindados a sus afiliados. El responsable es el fiscal Federal Javier Arzubi Calvo.

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Fuentes fiscales revelaron a LA GACETA que a raíz de la decisión del fiscal a cargo de la causa, Ricardo Toranzos, de profundizar la investigación más allá de los casos analizados por la auditoría de la Asociación Bioquímica de Salta (que fundamentó la denuncia de Pami ante la Justicia Federal) hizo necesaria la intervención de personas especializadas.

Es que las características de las maniobras investigadas, que constan en análisis de estudios médicos, precisan de expertos en la materia. Si los miembros de la UFI ratifican esto, deberán nombrar peritos médicos que determinen si hubo maniobras delictivas en el accionar de los dos médicos y cuatro bioquímicos imputados.

Días atrás, la titular de Pami, Gladys Moisés, reconoció a este medio que el organismo que dirige no tiene un profesional específico para realizar las auditorías. “No tenemos una persona asignada específicamente para hacer esa tarea. Todo se hace desde el nivel central. Acá estamos haciendo auditorías con médicos, con abogados de las prestaciones que dependen de nosotros”, sostuvo.  

El resultado de las investigaciones de la UFI Pami puede derivar en el hallazgo de otras personas involucradas y de mayor cantidad de casos, lo que implicaría el crecimiento de la suma millonaria por la que, presuntamente, se estafó a la obra social de los jubilados.

Moisés ya había barajado esta posibilidad cuando dijo que “es posible que haya más personas involucradas en este caso y más dinero en juego. Nosotros queremos ir a fondo porque queremos recuperar y preservar el dinero de nuestros jubilados. Estas cosas no pueden ocurrir más”.

Desde la Fiscalía confían en que el primer estudio hecho por los investigadores de la UFI no tome demasiado tiempo pero saben que cuando sea el turno de los peritos médicos, quienes analizarán pormenorizadamente la documentación secuestrada de los consultorios y laboratorios de los imputados, se requerirá de bastante tiempo, lo que demorará el avance de la causa.

La tarea de los especialistas será crucial y contará con una notable ventaja: son peritos puestos por el Ministerio Público y no por ninguna de las partes, por lo que garantizan independencia y objetividad.

En cuanto a otras medidas de prueba, Toranzos aún no tomó declaración indagatoria a los implicados ni a testigos, pero aquello podría suceder en las próximas semanas.