BUENOS AIRES.- El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni reclamó que se declaren imprescriptibles los delitos económicos que comprometan sustancialmente la economía nacional. Expresó que siente mucho miedo porque Pl poder político, el de los Estados, está sobrepasado por el poder económico y advirtió que una Corte provincial puede arruinar la vida de millones de personas.

"Habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre", expresó el magistrado en una entrevista concedida el diario "Página/12". Para Zaffaroni, hay pruebas de que los bonistas no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo. El jurista, uno de los más reconocidos del país a nivel internacional, afirmó que los holdouts no tuvieron buena fe en la compra de los bonos. "Lo hicieron con un propósito avieso, doloso, malintencionado.

En síntesis, inmoral", agregó. Zaffaroni opinó además que la intervención de la justicia estadounidense en el caso y sus fallos en favor de los bonistas representan un escándalo jurídico. Sobre el magistrado Thomas Griesa, que tiene a su cargo la causa, sostuvo: "parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, de trocha muy angosta".

Para las calificadores de riesgo mundial Argentina ingresó en una etapa de "default técnico" a partir del miércoles, cuando fracasó la posibilidad de un acuerdo con los bonistas en litigio que reclaman el pago completo de lo adeudado, unos 1.500 millones de dólares. Argentina analiza realizar una presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos para que investigue si existió algún tipo de delito económico o financiero a partir del fracaso de la negociación con los holdouts.

El Ministerio de Economía mencionó la posibilidad de que los fondos buitre hayan obtenido por sí o través de terceros ingentes beneficios" después de que Argentina cayó en "default selectivo". La consideración de que el país se encuentra en esa situación provocó que estuvieran en condiciones de ser cobrados los seguros contra default que, en la opinión del gobierno argentino, los bonistas contrataron a sabiendas de que el litigio judicial no iba a tener una resolución favorable.

Economistas citados hoy por el diario "La Nación" consideraron que, en caso de prolongarse, el default podría desencadenar una reducción en el consumo, la inversión y el empleo, como también un incremento de la inflación y el valor de cotización del dólar.

"Se verá aún más resentido el aparato productivo nacional, algo que pegará en la oferta de bienes y en el empleo", analizó el economista Miguel Boggiano. "Esto es un escándalo jurídico. Si lo hubiese hecho la Corte argentina nos insultarían en todos los tonos y con razón. Nos dirían que somos una burocracia irresponsable. Y, por cierto, la Suprema Corte norteamericana es parte del gobierno de los Estados Unidos", señaló en una entrevista que publica hoy el diario Página/12. (DPA-DYN)