La organización ambientalista Greenpeace solicitó ayer que el gobierno de la Nación intervenga para que Salta respete la Ley Nacional de Bosques. En un comunicado firmado por distintas organizaciones sociales (universitarias, políticas, de investigación y profesionales), solicitó que el gobierno provincial “derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”.

En la solicitada, la organización denuncia que en Salta ya se deforestaron 400.000 hectáreas desde la sanción de la ley nacional. Además le reclaman al gobierno local la recategorización de más de 150.000 hectáreas de bosques nativos.

Ante el reclamo de la organización ambientalista, el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Baltasar Saravia, destacó que Salta fue la primer provincia que tuvo su ordenamiento territorial y que actualmente está en un proceso de revisión. Para ello, “se ha convocado a una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados,  tanto ambientalistas, como productores, universidades y organismos técnicos como el Copaipa”.

El funcionario además enfatizó que desde el gobierno se está trabajando con “cuestiones prácticas y efectivas como los corredores ecológicos” y realizando un trabajo fuerte para combatir el desmonte ilegal.

“Como política de Estado, la cuestión ambiental es primordial”, señaló Saravia e indicó que la gestión actual “redujo sustancialmente las habilitaciones de tierra”. Además aclaró que la política de su cartera es mantener y crear mecanismos que sean cada vez sean más rigurosos con aquellos que estén fuera de la ley y mecanismos más ágiles para aquellos que estén dentro de la misma.

Saravia expresó además que desde el gobierno son conscientes de que manejan la provincia con mayor cantidad de bosque nativo en el país: “por eso está en el foco de muchas organizaciones y entidades públicas”. 

El secretario de Ambiente de la provincia, Gustavo Paul, también se refirió al comunicado de Greenpeace y señaló que la organización, al pedir la intervención de la Nación, está solicitando que la provincia no respete sus derechos adquiridos. 

El funcionario también señaló que desde la gestión se está trabajando en la nueva revisión del reordenamiento territorial, “con las recategorizaciones suspendidas y conversando con las comunidades aborígenes”.

Sobre informe de Auditoría General de la Nación que cita Greenpeace en su comunicado, Paul manifestó que aún no tuvieron la posibilidad de conversar con el Gobierno nacional y agregó que “ellos basan la información en datos que les brindó la subsecretaria de Política Ambiental y otras organizaciones”. A partir de ello, la Auditoría “hace una impresión sobre informes recabados pero no por haber realizado un informe en Salta”, concluyó el funcionario.