1- El Congreso de la Nación sancionó esta semana una norma para impedir que los efectos del caso “Muiña” puedan beneficiar a otros condenados por crímenes de lesa humanidad sin sentencia firme (hay alrededor de 750 represores en esa situación en el país).

2- La ley dice que el derogado régimen del 2x1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, y que el beneficio sólo vale para los condenados que cumplieron prisión preventiva en el período de vigencia de la Ley 24.390 dejada sin efecto (1994-2001).

3- El tercer y último artículo de la nueva norma estatuye que sus disposiciones son la interpretación auténtica del 2x1 y que esta será aplicable a las causas en trámite (es decir, a las de los 750 condenados en una situación semejante a la de Luis Muiña). 

4- ¿Esta norma aclaratoria puede ser opuesta a Muiña? No. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede modificar su posición respecto de ese autor de violaciones de derechos humanos, pero sí en relación con los demás solicitantes del beneficio del 2x1.  

5- A partir de la nueva ley, la Corte puede abandonar el precedente de “Muiña” con el argumento de que el Congreso subsanó la situación que generó en 2001 al no especificar cómo quedaba el 2x1 derogado respecto de crímenes de lesa humanidad.

6- ¿La norma aclaratoria de la derogación del 2x1 garantiza por sí sola que no habrá otros casos como el de Muiña? No necesariamente. La “interpretación auténtica” de la ley puede no ser compartida por la Corte, que es el último intérprete del orden jurídico.

7- “Aquello que el Congreso reputa como su ‘interpretación auténtica’ es obviamente una interpretación ‘no definitiva’ en la medida en que la ley queda sujeta al control del Poder Judicial”, observa el jurista Gustavo Arballo (en saberderecho.com).

8- La doctrina discute si la garantía de aplicación de la ley penal más benigna puede ser modificada por el Congreso como sucedió esta semana con la exclusión del régimen derogado del 2x1 a los delitos de lesa humanidad.

9- Hay un antecedente de alteración de ley penal más benigna validado por la Corte: la anulación de las normas de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta en 2003. En 2005, el máximo tribunal avaló la norma que permitió juzgar a imputados como Muiña.