De necesidad y urgencia fue el decreto Nº 2.654, que el 10 de septiembre se aprobó en la legislatura provincial, para "fortalecer el derecho de las mujeres a vivir en una vida sin violencia y sin discriminaciones de ningún tipo". Desde entonces y hasta ahora, 4.000 salteños recibieron capacitación sobre el tema, un total integrado por niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas, varones y mujeres.
Para diciembre está prevista la apertura de un refugio para víctimas en Orán y se hicieron algunas reuniones de funcionarios para crear un Protocolo Provincial de Abordaje de Casos de Violencia y otras dedicadas a pensar y analizar cómo serán los cinco nuevos juzgados y fiscalías que se abrirán en la ciudad y en el interior.
Mientras tanto, la campaña "Sacale Tarjeta Roja al Maltratador" convocó a 5.000 personas y los mensajes siguen rotando en los medios. Otra de las puntas del programa contempla la implementación de botones antipánico y se espera que para el primer cuatrimestre de 2015 lleguen los 150 dispositivos que se están promocionando desde el gobierno. A esa cantidad se sumarán otros 200 botones, que no tienen fecha de llegada pero se calcula que en el transcurso del año que viene estarán disponibles.
Según Martin García Caínzo, secretario de derechos humanos de la provincia, entre las primeras conquistas del programa está la visiblización del problema. "Se ha conseguido mucho interés de parte de la gente y es un tema que se ha instalado en la población. El objetivo final es lograr el cambio de conciencia de hombres y mujeres. Los dos tenemos que cambiar, porque el machismo aparece también cuando se acepta el maltrato, cuando hay demoras para denunciar o en considerarse culpable de algunas situaciones", dice el funcionario.
De raíz
Y mientras se avanza en la puesta en marcha del programa, la batalla contra el maltrato espera abrir frentes también en lo profundo de estructuras sociales y culturales instaladas en la manera de funcionar de las personas. Así lo entiende Marta César, integrante de la Multisectorial de Mujeres de Salta y de la Red Par. Desde esa organización, la postura sigue siendo de rechazo al Decreto de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género y se sigue pdiendo la aplicación plena de la Ley Nº 26.485, de Protección Integral a las Mujeres. "Trabajamos antes, ahora y vamosa seguir trabajando por la igualdad de oportunidades, en contra de la discriminación y de la violencia de género. Estamos de acuerdo con las medidas que van en socorro de las mujeres, pero no con la emergencia en sí", dice César. "Una declaración de emergencia no va a resolver el problema de fondo de la violencia contra las mujeres. Tiene que ser algo integral e involucrar a la justicia, la legislatura, el poder ejecutivo", señala.
Lo que piden es también capacitación de los funcionarios que definen las políticas, para que las modificaciones comiencen con el compromiso que necesitan los cambios verdaderos.
Las vulnerables
Entre las zonas con mayor cantidad de denuncias en la provincia, García Caínzo señala a la zona sur de la Capital, a Orán, Tartagal, Salvador Mazza, Joaquín V. González, localidades que están en la mira del Estado para contener la violencia de género. En Orán se abrirá antes de fin de año un refugio para víctimas, que estará administrado por el Arzobispado de esa ciudad y que funcionará en un inmueble que se está refaccionando para la nueva función. Para marzo se proyecta la apertura de otro espacio en Tartagal, mientras que en la ciudad se construirá uno más en la zona sur, con fondos de Nación, del IPV y de la Provincia.
El trabajo articulado con fundaciones y organizaciones sociales sigue siendo clave para la aplicación de los programas, por varias razones. Primero que nada, porque son espacios de contacto directo con la gente, porque el conocimiento es personal y la confianza construida va más allá de las simpatías políticas de turno. Entre estos organismos, que suman más de 15 en relación con el Ministerio de Derechos Humanos, García Caínzo nombra a Lapacho, Somos Victoria, La Juana.
También la OPJ, Orientación Para la Joven, una fundación que funciona desde 1980 y que en más de tres décadas trabaja en la contención de madres adolescentes y chicas del interior que vienen a estudiar a Salta. Desde ahí, Graciela Mohedas, cuenta que en los dos hogares reciben chicas que han sido víctimas de violencia. "En general la situación de las jovenes es de violencia de género y todas llegan derivadas de la justicia. Son chicas que ya tienen su protección de personas por parte del poder judicial y no tenemos ninguna que haya venido sola buscando refugio", explica.
En los hogares reciben alojamiento para ellas y sus hijos, charlas sobre prevención de la violencia, sobre cómo cuidarse y actuar. "Tenemos un equipo técnico que permanentemente hace talleres con las jóvenes y van analizando las situaciones particulares. En general son historias de abuso, de violencia de género por parte de familiares", agrega.
Según datos estadísticos de la Oficina de Violencia Familiar, durante el primer semestre de 2014 hubo 4675 mujeres que fueron víctimas de hechos de violencia familiar, en su mayoría solteras y de entre 22 y 39 años.