Narcotráfico, falsificación de una declaración indagatoria, autoría intelectual del crimen de Liliana Ledesma en 2006 son algunos de los delitos que se le imputan al supuesto capo narco Delfín Reynaldo Castedo. A todo esto se le suma el lavado de dinero a través de maniobras que la Unidad de Información Fiscal (UIF) explicó.

En la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones del lunes, dos miembros de UIF se manifestaron ante los jueces para argumentar su postura, con el fin de fortalecer el pedido de los fiscales federales de Salta, Eduardo Villalba, y de la Procunar, Diego Iglesias, de que se confirme el procesamiento de los hermanos Delfín y Raúl Castedo.

Según Nicolás Malone, uno de los representantes de la UIF, Delfín Castedo comenzó trabajando para Alberto Yudi (también vinculado a causas de narcotráfico) en los ’80 obteniendo, acorde a sus propios dichos, una indemnización de $60.000 con los que compró una casa de videojuegos que manejó en la década siguiente logrando una inusitada ganancia de $400.000.

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Malone sostuvo que no existen registros de tal actividad, solo documentos de 1995 y 1996 que en realidad solo son altas impositivas. Agregó que, incluso en su declaración jurada, Castedo dijo tener inmuebles por un valor de $25.000, mientras que nada refleja sobre un patrimonio siquiera cercano a los $400.000.

Las fincas, objeto de delito

La compra venta de las fincas El Aybal y El Pajeal que Castedo posee en Salvador Mazza, en el límite con Bolivia y que, según los fiscales, usa para el ingreso, acopio, acondicionamiento e inicio del traslado de la cocaína, son ejemplo concreto de maniobras de lavado.

La investigación de UIF afirma que Castedo vendió El Aybal a Eduardo Torino (sería su testaferro y administrador de las fincas) en $1.800.000 pero con un insólito mecanismo de pago: se abonaron $300.000 en un inicio y luego una cuota de $150.000 pero pagada dos años después y sin ningún tipo de interés.

Para Malone y su compañero Martín Olario, fue una maniobra de simulación registral para esquivar la Justicia hecha en 2005, pero que diez años después aparecieron escuchas que demuestran que Castedo le daba órdenes a Torino de qué hacer en la finca, demostrando que sigue siendo el dueño.

En todo ello se basaron los fiscales, con el apoyo de la UIF, para exigir a la justicia que embargue las fincas, cosa que no hizo el actual juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, quien sostuvo que no podía hacerlo porque ninguna finca figura a nombre de Castedo. Esto último no es compartido por los representantes del Ministerio Público, quienes consideran que el hecho de nofigurar como titular es una maniobra típica del presunto capo narco para evadir su responsabilidad.

Por otra parte, afirmaron que el rol de Raúl “Ula” Castedo era el encargado de lavar el dinero obtenido del narcotráfico, en una actividad que para juzgarla y condenarla debe regirse por pruebas indiciarias como la ausencia de una actividad lícita declarada, un crecimiento patrimonial injustificable y la conexión con actividades ilícitas.