La declaración por decreto de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, instituida en septiembre pasado por decisión del ejecutivo provincial, abrió la reflexión sobre el fenómeno como una problemática con implicancias que van mucho más allá que las cifras de denuncias y de víctimas. Marcelo Pedro Ibarra, sociólogo y docente invitado de la cátedra de Antropología jurídica de la UNSa, apunta que una de las dificultades de la medida tiene que ver con el enfoque. "Por un lado hay una especie de ansiedad de importar dispositivos institucionales que han funcionado con relativo éxito en algunos otros lugares, pero por el otro no sabemos bien de qué se trata porque no hay muchos trabajos sobre la naturaleza, características y modalidades de este tipo de violencia en la provincia", dice y agrega que una manera de aproximarse al tema sería desde una mirada global "y en conexión con otras problemáticas, como por ejemplo, la estructura del mercado informal, tan típico de Salta o la prevalencia de embarazos adolescentes en la provincia".

Ibarra apunta a una de las aristas más visibles de la estructura de relaciones sociales en Salta. "Miremos que la informalidad es una de las más altas del país y está vinculada con el empleo rural y de servicio. Eso genera violencia estructural que se manifiesta en muchos planos. No necesariamente hay una relación causal, pero seguramente hay una conexión entre una cosa y otra. En la universidad hablamos de estructura de desigualdad, un poco para dar cuenta de un conjunto de relaciones -vinculadas a la vida, su reproducción- que son fundamentales en una sociedad son estructurales por que son persistentes, estables, históricas y duraderas", agrega.

-¿Cual sería un enfoque más acertado para trabajar con el problema desde el Estado?

-Un enfoque integral, que tenga respuestas inmediatas pero también que pueda pensar el mediano y largo plazo. Hay un cambio importante en la provincia, desde por lo menos la década del 60, que se observa a nivel demográfico.

-¿Le parece útil la implementacion de botones antipánico?

-Me parece útil cuando esté integrado en un conjunto de respuestas a la víctima que velen por aminorar el riesgo pero también para brindarle herramientas para su posterior realización. Un enfoque integral debe también responder qué hacer con el victimario, con el perpetrador y además debe responder cómo salir de esta emergencia en el mediano plazo y ahí, por ejemplo, viene la cita de los embarazos adolescentes. No podemos sostener una educación sexual atravesada por las creencias religiosas porque sus resultados están a la vista. Esto genera una desinformación sistemática sobre la salud sexual de los adolescentes y jóvenes, y en ese caso, los mayores afectados son las mujeres.

-¿Qué opinión le merece la decisión de que los refugios para víctimas estén administrados por la iglesia?

-La iglesia es una institución con mucha presencia en la provincia. Me parece que cuando la iglesia se entromete en el manejo de las cuestiones sociales, tenemos el riesgo de que primen perspectivas no laicas, pre-republicanas y conservadoras que son elementos que han sostenido una visión patriarcal sobre las mujeres. No obstante, son mis preconceptos que no tienen en cuenta cómo se instrumentará la propuesta

-¿El decreto de emergencia es un instrumento eficaz para esta lucha?

-Creo que el decreto es un avance muy importante pues reconoce que el Estado no ha podido hasta el momento responder a la altura de la problemática al tratar de rediseñar y readecuar recursos, pero corre el riesgo de ser solo un gesto sin un conjunto integral de medidas y de recursos. Es deseable que las políticas promovidas por el estado estén consensuadas con los sectores afectados o con sus representantes, me pregunto si existió esta consulta con las organizaciones de mujeres, si han existido mecanismos para diseñar respuestas en base a la experiencia de las afectadas. Y si esto no ha sucedido, cuáles son los fundamentos de esa decisión.