Finalmente, después de la difusión de un artículo publicado por La Gaceta, ayer fue detenido Eduardo Torino, quien está sindicado como el testaferro de los hermanos Castedo, que se encuentran detenidos y procesados por liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.

En la nota publicada el 20 de julio, se hacía hincapié en que la Procunar consideraba a Torino una pieza clave en la organización dedicada al narcotráfico y que por ese mismo motivo cuestionaban la inacción de la Justicia.

LEE MÁS: La UIF explicó cómo los Castedo simularon operaciones para lavar dinero

Tras la detención de los hermanos Castedo, la investigación del Procunar y del Ministerio Público Federal se centró en el blanqueo de dinero: las profusas ganancias que reporta el narcotráfico debía ser blanqueada de alguna manera. En este sentido, los investigadores señalaban que en el clan Castedo quien desempeñaba esta función era Torino, quien ya había sido investigado, aunque todavía no pesa sobre él ningún procesamiento.

El nombre de Eduardo Torino comenzó a aparecer en las primeras investigaciones que la Justicia hizo sobre los Castedo. Dos fincas en el límite de Salvador Mazza y Bolivia. Según la investigación de los fiscales, en 2006 la empresa Anzere SA, representada por Torino, compró la finca El Aybal a Delfín Castedo. Además, estipulan que Torino es el administrador de la otra finca, El Pajeal, supuestamente usadas para el ingreso, acopio, acondicionamiento e inicio del traslado de la cocaína.

¿Por qué es tan importante Torino para los fiscales?

Los investigadores saben que Delfín Castedo comandó la organización narco desde la muerte de Aparicio y consideran que Torino es la pieza clave en el lavado de activos ya que es su testaferro.

Hay escuchas que demuestran que Castedo le daba órdenes a Torino de qué hacer en la finca, demostrando que sigue siendo el dueño.

En esas escuchas se apoyan los fiscales, entre otros elementos, porque se los oye hablar acerca del alambrado, mensura, obtención de agua y hasta del desalojo de un productor rural de nombre Pilar Rojas, que hacía 40 años que vivía en el lugar, hoy comprendido dentro de la finca.

Los fiscales Villalba e Iglesias cargaron contra el juez subrogante de Orán, Montoya, sosteniendo que “tiene una visión atomizada que nos impide avanzar en las imputaciones”, ya que sus resoluciones hacen que no se vinculen unos hechos con otros de manera que no se pueda llevar adelante una investigación conjunta con todos los hechos que, aunque parecen independientes, están vinculados a un mismo accionar delictivo.