Solicitaron hoy ante la justicia que una empresa privada y los estados provincial y municipal sean condenados a cumplir con “las obras y acciones” tendientes a resolver los problemas de “inundación, limpieza y contaminación”, y se reubiquen a las familias asentadas en en los márgenes del río Arenales.

Así lo pidió el fiscal de Cámara, Civil, Comercial y Laboral, Ramiro Michel Cullen, en el marco de la causa iniciada con un recurso de amparo presentado por vecinos de las barriadas de las riberas del río, tras las crecidas registradas en el verano de 2011.

Si bien en 2012 el juez Mario D’Jallad rechazó el amparo de los vecinos por considerar abstractos los reclamos ante la realización de algunas obras, éste recurso fue apelado y la causa fue girada a la Corte de Justicia de Salta, la que en agosto de 2014 resolvió revocar el fallo del magistrado.

La Corte sostuvo que era “prematura” la decisión de D' Jallad de rechazar el amparo ante la sola presentación del municipio de un plan de obras, y por lo tanto revocó la sentencia y remarcó que la posición fiscal en estos casos resulta decisiva, según informó hoy el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Además ordenó que se preste atención a las medidas tendientes a futuro, “para evitar las previsibles consecuencias sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del Río Arenales y para sanear de contaminación su cauce, efectuando las inspecciones oculares que resulten pertinentes para verificar el efectivo cumplimiento de las tareas encomendadas a la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales”.

Tras la revocatoria de la Corte, el nuevo juez Marcelo Ramón Domínguez convocó a los vecinos y a los funcionarios implicados  a una audiencia pública, la que se realizó el 5 de febrero de 2015, oportunidad en la que se actualizaron los puntos de obra. También se solicitó la presentación de informes al respecto.

Luego de analizar los informes y otras pruebas, el fiscal Cullen consideró que se encuentra cumplido lo requerido por la Corte de Justicia de Salta  respecto a “la actualización de la información sobre la situación del río y sobre las tareas realizadas y a realizar”.

“Son numerosas las obras y acciones ya realizadas tendientes a lograr  la estabilización y saneamiento del río ordenada por la Corte de Justicia de Salta. Sin embargo, las mismas aún son insuficientes, además considero que para evitar consecuencias dañosas sobre personas y bienes que pudieran derivarse de nuevas crecientes del Río Arenales y para sanear la contaminación de su cauce; deben continuarse con acciones de carácter permanente, incluidas en el plan maestro acompañado por la Unidad Ejecutora de Recuperación y Saneamiento del Río Arenales”, informó el fiscal.

Ante lo analizado, sostuvo que “debería condenarse a los distintos organismos involucrados juntamente con el estado provincial y municipal (nucleados en la Unidad Ejecutora) para que concreten las  obras y acciones pendientes incluidas en el plan a corto, mediano y largo plazo”.

Según el dictamen, debería condenarse a efectuar un plan de forestación de espacios recuperados en las márgenes del río y tomar las medidas necesarias a fin de evitar la instalación de nuevas familias en aquellas zonas que queden comprendidas dentro de las zonas inundables; determinar la línea de ribera; relocalizar de manera progresiva a las familias que habitan zonas inundables; continuar con tareas de encauzamiento del río, construcción y recuperación de defensas, y establecer un sistema de control efectivo y permanente para evitar que se continúe arrojando basura y escombros.

También solicitó “condenar a Néstor A. Marozzi S.A. a que retire los metros necesarios para que los límites del Catastro 88.825 coincidan con los estribos del puente sobre la avenida  Tavella”.

La causa involucra a vecinos de los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, entre otros. En tanto, el amparo fue presentado en contra de la Municipalidad de Salta, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia y la empresa Néstor Marozzi S.A.