En el juicio en su contra, Raúl Reynoso no solo afronta las imputaciones de los fiscales sino también la acusación de una querella constituida por cuatro personas que aseguran que pagaron mucho dinero para lograr libertades.

Se trata de personas vinculadas a la causa que Reynoso inició en 2015 contra el empresario tucumano Iván Cabeza. El abogado Carlos Garmendia representa a José Martín Abella, Bruno Maximiliano Mazzone, José Marcelo Mazzone y Pablo Sebastián Meneses, quienes decidieron querellar a Reynoso, cosa que Cabeza no hizo.

En mayo de 2015, el por entonces juez Federal de Orán, Raúl Reynoso, ordenó más de una decena de allanamientos contra carnicerías ubicadas en Orán, Tartagal y Salta. Cabeza, Meneses y Bruno Mazzone quedaron detenidos.

“Acuso a Reynoso de haber falsificado una causa penal para detener a estas personas para poder coimearlos, a través de los abogados María Elena Esper y Eladio Gaona”, indicó Garmendia a LA GACETA, quien detalló que el ex magistrado se aprovechó de una causa ya creada para manipularla y dar apariencia de que se trataba de una causa importante con allanamientos y detenidos. El abogado se refiere a la causa N.N. S/ INVESTIGACION INFRACCION LEY 23737 (narcotráfico) que se inició el 4 de agosto de 2011 a partir de una supuesta nota que recibe Gendarmería Nacional donde se involucraba a Iván Cabeza con presuntas actividades ilícitas.

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En dicha causa se investigaba a los presuntos responsables por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos pero al parecer no prosperó: “la Cámara de Apelaciones anuló todo lo hecho por Reynoso porque estaba mal, ni siquiera hay imputaciones, anuló las declaraciones indagatorias aunque aún no se cerró del todo la causa”, contó Garmendia.

El abogado agregó que la Cámara pasó la causa al juez Federal de Salta, Julio Bavio, ordenándole que pida informes en AFIP y UIF y que analice si existen elementos. “Reynoso exageró, mezcló cosas para tratar de justificar sus imputaciones que son un desastre técnico”, enfatizó el abogado al sostener que sus clientes no son narcos, sino comerciantes de la carne.

$500.000, el precio de la libertad

En sus declaraciones, los imputados en aquella causa aseguraron haber tenido que pagar para lograr sus liberaciones.

En la investigación a Reynoso, Cabeza manifestó que su hermana y un amigo le abonaron a una persona que trabajaba como intermediario entre el Gaona y los familiares de los detenidos, un día feriado a la noche y en el domicilio del letrado, la suma de $100.000 que era a cuenta de un total de $600.000, y que al día siguiente, o sea el día viernes a la mañana, recuperó su libertad.

Según consta en el expediente, Meneses declaró que designó a Esper como su defensora porque se la recomendaron y le dijeron a su familia que ella lo haría recuperar su libertad. Agregó que ella le dijo que se quedara tranquilo, que ella tenía buena relación con el juez, que ella arreglaba. Días después recibió la visita de su hermano Gustavo Meneses quien le manifestó que había que “juntar dinero para poder salir”, ya que Esper se lo había pedido. Se trataba de $200.000 para ir agilizando los papeles y $100.000 más para el día siguiente. Luego le habría pedido el resto para juntar la cifra total de $500.000.

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Gustavo Meneses ratificó esa historia en su declaración y relató que Esper le dijo que para que su hermano saliera en libertad había que pagar al “Tío”, aclarándole que se trataba de Reynoso.

También en su declaración Bruno Mazzone dijo que estuvo detenido junto a Meneses y que cuando este salió le pidió que le diga a su abogada (Esper) que se encargue de su caso. Ya libre, Meneses lo llamó nuevamente y le dijo que su abogada le había manifestado que podría ocuparse de su caso pero que le saldría lo mismo que a él, es decir $500.000.

José Marcelo Mazzone también fue imputado por haber participado en delitos de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita pero no quedó detenido.  Luego de la charla con su hermano, sabiendo que debían pagar para liberarlo, le pidió dinero a Abella.

Este último, primo de los hermanos Mazzone, declaró que supo que para obtener la libertad de Bruno debían pagar $500.000, suma que era la que pedía el juez Reynoso, según Esper. Agregó que debieron juntar $300.000, de los cuales él puso $100.000, su padre otros $ 100.000 y su primo Marcelo –hermano de Bruno- los otros $100.000.

Refirió que Marcelo le dio el dinero a Pablo Meneses para que se lo entregara a Esper y que a la semana de abonar ese dinero, Bruno Mazzone quedó en libertad.