Cachi y La Poma forman parte del impactante paisaje del Valle Calchaquí. Su colorido, quebradas y ríos convierten a esta zona en una de las más cautivantes de la provincia. Pero, en los últimos años, la tranquilidad que se respira en su aire no está presente entre sus calles y fincas: vecinos y productores denuncian que comunidades originarias quieren quedarse con sus tierras, mientras que las comunidades aseguran que esas tierras forman parte de su territorio.

Adriana Bonifacio denuncia que desde el año 2006 una familia perteneciente a la comunidad Diaguita Calchaquí vive en los terrenos que su padre posee en esta localidad.

“A mí hermano lo atacaron en la ruta mientras viajaba y estuvo 20 días en coma”, expresó Bonifacio.

En diálogo con LA GACETA, Adriana relató las desavenencias que sufre su familia y responsabilizó al cacique de la comunidad La Poma, Armando Salva, hijo del exsenador provincial Telmo Salva, de haber sido quien impulsó a que la gente no pague los contratos de arriendo o comodatos y se declarasen originarios para quedarse con las tierras. “Ellos están trabajando sobre nuestras tierras y nosotros como propietarios no podemos usufructuarlas”, agregó.

La mujer también relató que desde el surgimiento de la comunidad originaria se registraron conflictos vecinales y hechos de violencia. Uno de ellos tuvo como protagonista a su hermano: “A mí hermano lo atacaron en la ruta mientras viajaba y estuvo 20 días en coma”, expresó Bonifacio.

Algo no muy distinto sucede en Las Pailas, una localidad ubicada a 11 kilómetros de Cachi. Cristian Ammanh llegó hasta ese lugar de la provincia en 2013 buscando una vida tranquila pero no pudo conseguirla. “Empecé a fabricar adobes para hacer una cabaña y vivir allí, pero un día aparecieron 50 personas que decían ser de la localidad y tener derecho sobre esas tierras”, contó.

Luego de esa situación Ammanh llevó el caso a la Justicia. Allí le prohibieron seguir construyendo, teniendo en cuenta que la comunidad originaria de Las Pailas cuenta con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y se encuentra amparada por la ley 26.160 que prohíbe que estas comunidades sean desalojadas.

“Yo compré un terreno libre de ocupantes. La verdad me iría encantado si me devuelven el dinero que invertí”, aseguró con bronca y desazón al señalar que la comunidad que reclama sus terrenos no pueden demostrar su posesión ancestral sobre las tierras: "No hablan el idioma. Nunca hubo comunidad allí”, remarcó.

Guillermo Colque atraviesa una realidad semejante a la de Bonifacio. Su papá recibió una finca de herencia en La Poma y años después compró un terreno lindante. Pero una de las familias que trabajaba con ellos se sumó a la comunidad Diaguita Calchaquí que dirige Salva y desde allí empezó a exigir la propiedad de esas hectáreas.

“Hace dos años vivo con una familia dentro mi finca. Usurparon una parte del terreno y, amparados por la ley 26.160, no pueden ser desalojados hasta que se caiga la ley”, contó el productor y detalló: “su casa está a un kilómetro más o menos de mi vivienda, pero en ese lugar no puedo producir, además me sacan el agua para el riego. Pagamos nuestros impuestos para que otros vivan de arriba”.

Cuando a Guillermo se le pregunta cómo vive con una familia dentro de su terreno, su respuesta es contundente: “Tuve un preinfarto, eso resume cómo vivo. Andás perseguido en todo momento, llevo los perros arriba de la camioneta todo momento y trato de no viajar de noche, por mayor seguridad”.

Los productores agrupados en la Asociación de Propietarios de Fincas de los Valles Calchaquíes no dudaron en asegurar que estas comunidades “son truchas” y que, a través de sus vínculos políticos, persiguen dos objetivos: obtener dinero y quedarse con tierras.

¿Qué dicen desde la comunidad?

Ulises Yanes es director de Pueblos Originarios de la municipalidad de Cachi desde 2015 y delegado de la comunidad diaguita calchaquí ‘La Pailas’. Desde su cargo asegura que busca garantizar los derechos de los pueblos originarios existentes y evitar la conflictividad social.

Yanes contó que en el Departamento Cachi “hay siete comunidades originarias” (Las Pallas, Las Trancas, La Aguada, Las Pailas, El Algarrobal, La Churquillaco y Fuerte Alto). De todas ellas, las que tienen el registro y reconocimiento son tres y las cuatro restantes están en trámite de personería jurídica. Cada comunidad nuclea a un promedio de 30 familias que equivalen a 100 o 150 personas.

El funcionario no precisó la cantidad de tierras que se reclaman desde las organizaciones enfatizando que no se reclama por tierras, sino por territorio: “Como pueblo tenemos una cosmovisión diferente desde el punto de vista occidental. Desde ahí se lo toma como la cuestión del reclamo territorial, que tiene ver con la restitución y en todo caso que el Estado debe reconocer esto", dijo.

"El reclamo que hacemos se hace siempre bajo el marco de la ley 26.160 y más allá de lo acotada que es la ley, todas las comunidades se amoldan a la normativa. Por eso cuando se habla de usurpaciones, nosotros decimos que nunca hemos usurpado nada porque siempre hemos vivido en el mismo lugar. Usurpación tiene que ver cuándo se va asumirse de prepo. En el gran territorio diaguita tiene que ver por la posesión actual, nadie está usurpando. A partir del diálogo se puede solucionar esto, entendiendo que es una deuda histórica desde el Estado argentino”, aseguró Yanes a LA GACETA.

Consultado por la diferencia que existe entre las comunidades registradas por el INAI y el IPPIS, Yanes explicó que de acuerdo a la Constitución Nacional su artículo 75 dice que es potestad del Estado nacional registrar y reconocer las personerías jurídicas de las comunidades. “Después lo que se hace por facultades concurrentes que tiene la Provincia es el convenio para registrar también. Uno de los artículos dice que cuando el gobierno de la provincia tiene una mora no justificada en cuanto al reconocimiento, porque es un trámite meramente administrativo el de registrar la personería jurídica, lo puede hacer a nivel nacional en el RENACI, que es el registro nacional de comunidades indígenas que depende del INAI. Eso es lo que hicieron varias comunidades”.

El ministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Luis Gómez Almaraz, contó a LA GACETA que en lo que va del año llevan 272 comunidades relevadas y esperan llegar al 23 de noviembre con 320 comunidades, lo que implica un 80% de las existentes. 

El funcionario remarcó constantemente que desde su cargo trabaja para mantener la paz social entre los productores y los originarios; y en el caso particular de Cristian Ammanh dijo que la causa está en manos de la Justicia: “Él compró tierras de buena fe, quien actuó de mala fe es la otra parte; que le vaya a reclamar a ellos. Nosotros queremos que los tres poderes del Estado se involucren, en este caso es la Justicia. Y se pueda avanzar también desde lo legislativo con el tema de la propiedad comunitaria, con el proyecto de ley de titularizar nuestro territorio. Pero por ahora vemos que no hay voluntad política. Cuándo uno habla con los hermanos ellos dicen que no va a renunciar a sus derechos porque son legítimos y legales. Nosotros dialogamos, no hubo violencia de ninguna de las dos partes. Acá violento es el Estado, que hace violencia institucional al no aplicar un derecho”.

Desde la Provincia niegan la existencia de “comunidades truchas”

En diálogo con LA GACETA Luis Gómez Almaras, Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, manifestó que el problema no pasa por determinar si las comunidades son truchas o no. "En el caso de Salta, no es el Estado el que reconoce o no una comunidad. La comunidad se registra, recibe la documentación, se le corre vista al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS) y son los propios representantes de las comunidades los que determinan el lugar de existencia. Pertenezca o no a una comunidad, si una persona comete un delito será la Justicia la encargada resolver dicha situación”.

El ministro sostuvo que para poder zanjar estas cuestiones resulta necesario avanzar con el relevamiento territorial que lleva adelante el Gobierno y contó que en lo que va del año tiene 272 comunidades relevadas y esperan llegar al 23 de noviembre con 320 comunidades, lo que implica un 80% de las existentes. “Es importante aclarar que si bien el relevamiento surge como consecuencia de una ley de emergencia de posesión y propiedad comunitaria no le otorga el título a las comunidades. O sea que esto no resuelve el problema de fondo. Para eso el Senado de la Nación debe tratar el proyecto que instrumenta la Ley 26.160”.